Patxi Baztarrika

Lo decía en el artículo “Una artimaña perversa” publicado en este periódico (29-08-2011): el cambio que en la Ley sobre los derechos lingüísticos de los consumidores pretenden hacer el PSE-EE y el gobierno, con el apoyo de PP y UPyD, es un retroceso respecto a posiciones sostenidas por los propios socialistas en el pasado. En efecto, en septiembre de 2008, cuando el PP pretendió la derogación del decreto sobre derechos lingüísticos de los consumidores, el PSE-EE marcó distancias y propuso, mediante enmienda, la supresión de las sanciones previstas solo “para las obligaciones lingüísticas de carácter oral que se establecen para cualquier información o asesoramiento directo al consumidor o usuario”; es decir, los socialistas optaron entonces por mantener el sistema sancionador para el incumplimiento de las obligaciones de carácter escrito, así como para las de carácter oral cuando se tratara de información dirigida a una pluralidad indeterminada de usuarios (megafonía y similares). Ahora, sin embargo, pretende anular el sistema sancionador en su totalidad. Lo que hace tres años aprobaban, hoy lo rechazan al juzgarlo como imposición y contrario a la libertad. ¿Qué ha pasado?

Además, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, los pretendidos cambios trascienden el sistema sancionador. Lo que hoy proponen el PSE-EE y el Gobierno supone un retroceso también con relación a ordenanzas aplicadas y gestionadas  durante años por alcaldes socialistas en ayuntamientos como Andoain, Errenteria, Irun y San Sebastián. Mientras en esos ayuntamientos toda entidad privada que recibe subvención municipal para sus actividades tiene la obligación de garantizar el uso del euskera en las mismas, el PSE-EE pretende modificar la Ley para limitar dicha obligación, de modo que no sea aplicada al conjunto de las entidades subvencionadas, sino solamente a las que “reciban subvenciones destinadas específicamente a la integración del euskera en las relaciones laborales y la atención al público”. Curiosa manera de fomentar, aquella que atribuye obligaciones solo a quienes se esfuerzan en utilizar también el euskera en su entidad. Sigue leyendo →

Es la hora de la unilateralidad. Siempre lo ha sido, dada la sinrazón de la violencia practicada, justificada o tolerada por motivos políticos, pero lo es especialmente ahora, tras la sentencia de la Audiencia Nacional. Y lo es para ETA, pero también para la izquierda abertzale tradicional y para Bildu.

Hemos escuchado diferentes valoraciones sobre la inaudita sentencia. Algunos, para alabar una sentencia que califican de exclusivamente jurídica, han recurrido al manido argumento del respeto debido a las sentencias judiciales, como si su obligado acatamiento fuera incompatible con la crítica razonada de las mismas o como si tal crítica supusiera identificarse con los postulados de la parte condenada. No sé qué dirían si, tras el previsible recurso, el Tribunal Supremo revocara la citada sentencia. Otros, los más, se han desmarcado: despropósito, dislate, paso atrás, absurdo político-judicial… son algunas de las calificaciones que hemos escuchado en boca de diversos portavoces políticos de Euskadi. Sigue leyendo →

Sobre algunas manifestaciones del señor Reyes en este periódico sobre política del euskera. 1) Ningún gobierno ni norma legal han pretendido trasladar al ámbito privado la obligación de todas las instituciones públicas de atender al ciudadano en la lengua de su elección. Una cosa es atender a todos siempre ‘en’ la lengua de su elección, y otra bien distinta lo que se ha pretendido para solo una parte del ámbito del consumo según el principio jurídico de disponibilidad: atender ‘sea cual sea la lengua oficial utilizada’. La doctrina jurídica explica la diferencia. 2) La realidad sociolingüística debe ser tenida en cuenta para actuar con razonabilidad y sin voluntarismo, no para perpetuarla: equilibrar progresivamente el desequilibrio no es imposición. 3) Para incoar y resolver un expediente sancionador es preciso explicitar un tipo infractor y un procedimiento, algo que aún no existe. 4) Confiar en que las nuevas generaciones incorporarán “de forma natural” el euskera a sus puestos de trabajo y renunciar por ello a la regulación e impulso de su uso: he ahí el ‘laissez-faire, laissez-passer’ que, a pesar de buenas intenciones, perpetúa la desigualdad lingüística. El uso de las lenguas no aumenta ni disminuye de manera natural como si de un fenómeno meteorológico se tratara, ni aquí ni en ningún sitio.

* Publicado en Cartas al Director en El Correo y en el Diario Vasco el 13-09-2011, con relación al artículo “La mejor política sobre el euskera”, de Vicente Reyes, publicado previamente en el Correo (05-09-2011) y en el Diario Vasco (11-09-2011).

Prueba de su mesura, el decreto sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras aprobado por el anterior Gobierno Vasco hace tres años fue descalificado desde dos extremos: PSE-EE y PP lo descalificaron como un exceso (el PP habló de fascismo), y la izquierda abertzale tradicional y Kontseilua lo criticaron por insuficiente. Mientras PSE y sobre todo PP ponían el grito en el cielo contra el sistema sancionador, Kontseilua decía que “no se especifican las sanciones, por lo que su aplicación es, cuanto menos, dudosa”. Por su parte, responsables de algunas grandes empresas comerciales y financieras expresaron públicamente su apoyo. En julio de 2010, sin embargo, el Gobierno dejó sin vigencia por un año el decreto; transcurrida la moratoria, entra de nuevo en vigor porque se les ha pasado el año sin hacer sus “deberes”.

Ahora el Gobierno Vasco pretende modificar restrictivamente dicha ley mediante un procedimiento legal pero inusual y extraño: no a través de un proyecto de ley del propio Gobierno, sino de una proposición de ley del grupo parlamentario que lo apoya, el PSE-EE. Insólito. Una artimaña perversa, fácilmente comprobable. Ha optado por una vía –la proposición de ley– pensada para la iniciativa legislativa de la oposición, de las instituciones forales y de la iniciativa popular, y de los grupos parlamentarios cuando se trata de leyes de funcionamiento y organización de la propia Cámara, que no es el caso. Esta artimaña evita de un plumazo la audiencia a los organismos sociales relacionados con el objeto de la ley, y sus posibles alegaciones. Se cierra la puerta al temido mecanismo de la participación ciudadana y se evitan diversos informes y dictámenes previos de idoneidad y legalidad. Ni el Consejo Asesor de Euskera, ni siquiera Euskaltzaindia –“institución consultiva oficial en lo referente al euskera”, según el Estatuto de Autonomía– han sido consultados. La perversión es tal que a quien se le solicita opinión o criterio es al propio gobierno que, según ha reconocido públicamente él mismo, ha preparado la proposición de ley presentada por otros.

Sin embargo, la ley que nos ocupa y pretende ser modificada fue aprobada por el Parlamento en 2003 tras el correspondiente proyecto presentado por el Gobierno, y sometida previamente al trámite de audiencia pública a más de una veintena de organismos, entre otros el Consejo Asesor de Euskera, asociaciones patronales, cooperativas, sindicatos, organismos de consumidores, cámaras de comercio y CES. Posteriormente, el decreto de 2008 fue aprobado tras la participación de 37 organismos representativos de los sectores socio-económicos, así como Euskaltzaindia.

Ahora, el Gobierno no solo evita la participación de los organismos afectados, sino que tampoco ha intentado previamente el consenso parlamentario, ni siquiera con el grupo mayoritario, contraviniendo así la palabra comprometida en sede parlamentaria por la consejera de Cultura en octubre de 2010. UPyD marca los tiempos del Gobierno en este asunto (todos sus movimientos han tenido en su origen el reloj de Mañeiro), y el PP condiciona el contenido de las reformas en marcha. Los demás grupos no cuentan, salvo para ser descalificados como “talibanes” o sospechosos de querer hacer desaparecer el castellano de Euskadi. Ese no puede ser el camino, porque está en las antípodas de lo que más necesitan el euskera y la convivencia lingüística: acuerdo y concordia.

El actual decreto seguro que es perfectible y, por tanto, modificable. Pero en un debate sereno y constructivo sobran las falsedades y las inexactitudes –nunca inocentes–. Por ejemplo, y en contra de lo que ha señalado el Gobierno, su moratoria de un año no se ha limitado a las supuestas sanciones, sino que se ha extendido al cumplimiento de una serie de obligaciones. Se ha afirmado que el decreto “desarrolla y concreta” el sistema sancionador de la Ley de 2003, y que conlleva “la sanción directa, porque hay derechos y hay sanciones y no hay nada más”: falso; el decreto se limita a hacer una referencia genérica a la cláusula residual prevista en la Ley, y para poder iniciar y resolver un expediente sancionador es preciso que previamente se determine un procedimiento sancionador. Ni la ley ni el decreto prevén un tipo infractor específico referido al incumplimiento de obligaciones lingüísticas, pero el Gobierno ha preferido crear alarma hablando de sanciones de 6.000 euros. En todo caso, los sistemas sancionadores obedecen en sí a una lógica democrática: cuando se establecen obligaciones en una norma, hay que prever qué sucede ante el deliberado y continuado incumplimiento de las mismas.

Otra de las falsedades se refiere a la supuesta obligación de atender oralmente “en euskera” que achacan al decreto: rigurosamente falso; el decreto establece el “principio de disponibilidad”, según el cual determinadas empresas y comercios deben atender al consumidor independientemente de la lengua oficial que este utilice, es decir no pueden impedir que el consumidor utilice la lengua de su elección, pero no están obligados a atenderlo “en” esa lengua, sino solamente de atenderlo respetando su lengua: no imponer, no impedir.

Las tergiversaciones que se han propagado constituyen una cortina de humo en un asunto en el que el debate fundamental no es “sanciones sí o no”, sino el reconocimiento, alcance y amparo efectivo y real de los derechos lingüísticos de los consumidores. Porque todo derecho efectivo genera alguna obligación, por más que algunos se empecinen en llamar indebidamente coerción e imposición a la obligación. Ya hay quien propugna eliminar tanto el reconocimiento de los derechos como las obligaciones razonablemente subsiguientes.

La proposición del PSE-EE supone un evidente retroceso respecto a posiciones sostenidas por los propios socialistas hace tres años en esta cuestión, pero al contenido del cambio propuesto para la Ley de Estatuto del Consumidor me referiré en un próximo artículo.

Siempre es tarde, nunca es pronto, para reconocer el sufrimiento injustamente provocado y reparar el daño causado. El mero hecho de tener que hacerlo significa que ya es tarde. El diputado general de Gipuzkoa ha manifestado recientemente que no es el momento de reflexionar sobre la violencia y de reconocer a las víctimas, que “no estamos en ese tiempo, porque todavía estamos saliendo del conflicto”. No obstante, él mismo viene protagonizando semana tras semana gestos de solidaridad con los presos de ETA. Hace once años, tras el asesinato de Joxemari Korta, sus familiares se preguntaban públicamente: ¿por qué? Aquella pregunta no ha obtenido respuesta alguna de quienes deben darla, por lo que sigue siendo oportuno y necesario repetirla los 365 días del año.

ETA, que mientras persista es una amenaza latente a la que solo cabe exigir –especialmente por parte de Bildu– su final definitivo, ha dejado de ser un problema político desde el momento en que el sector sobre el que se ha sustentado ha proclamado solemnemente que “se acabó el ciclo de la violencia” y ha vinculado su futuro político a la inexistencia del terrorismo, porque “la lucha armada no es necesaria y además es un estorbo”. El no rotundo de la inmensa mayoría de la sociedad a ETA, así como las políticas desplegadas como reflejo de ese rechazo, han conducido a la izquierda abertzale tradicional a extraer tal conclusión y a privar a ETA de la condición de agente político. Pero las dramáticas consecuencias de la violencia permanecen entre nosotros y siguen siendo un problema político y social que requiere soluciones políticas protagonizadas por la sociedad vasca. Y eso no se logra desde el silencio ni desde el olvido, ni tampoco desde la minimización de la tragedia colectiva que ha supuesto el terrorismo. No hay que olvidar, no hay que callar, ningún nuevo tiempo que valga la pena se puede construir sobre el silencio, aunque tampoco se deba demonizar a nadie por su pasado, porque no es la venganza el objetivo perseguido, sino una convivencia justa y sólida. Se precisa, por tanto, una mirada autocrítica al pasado por parte de quienes han ejercido la violencia y quienes la han justificado, acompañada del reconocimiento del daño y la injusticia cometidos. Y sin aplazamientos ni supeditaciones al fin del conflicto, porque esto forma parte del núcleo del mismo, y hace mucho que es ya tarde.

Es fundamental que la memoria colectiva de la tragedia de estos años de violencia descanse sobre unos cimientos compartidos e incuestionables. Así, el respeto a los derechos individuales, a los derechos humanos y a los derechos fundamentales debe ser incondicional e incondicionado. De igual modo, la visibilidad de las víctimas debe ser permanente, porque son el recuerdo de nuestra tragedia colectiva, y esa visibilidad supone un permanente “nunca más” y un rotundo “no todo vale”. Es un requisito ético y político tomar en consideración a todas las víctimas de la vulneración de los derechos humanos, es decir, a las víctimas del terrorismo, del mal llamado contraterrorismo, y a las que Gesto por la Paz denomina víctimas de la “violencia indebida” por parte del Estado. Y necesitamos asumir como sociedad su sufrimiento y brindarles reconocimiento público, porque su dignidad humana ha sido atropellada en nuestro nombre.

Nunca más, porque no todo vale. He ahí la referencia insoslayable de una política pública de la memoria que abra paso a un futuro de reconciliación y concordia, a una convivencia asentada sobre el respeto permanente a la vida, a la libertad y al pluralismo político e ideológico. Pero, para ello, la izquierda abertzale tradicional deberá dar más pasos. Han llegado a la conclusión de que “la lucha armada no es que haya fracasado, pero no procede, no sirve para avanzar en nuestro camino: es la hora de la exclusividad de las vías políticas, de la lucha de masas, institucional e ideológica”, y añaden que “la violencia nos estorba”. Pero no han llegado a negar la validez de la violencia en cualquier caso, y la deslegitimación definitiva de la violencia ha de llegar, ineludiblemente, hasta su propia raíz.

La violencia, tal y como la caracterizó el Pacto de Ajuriaenea, “representa la expresión más dramática de la intolerancia, el máximo desprecio de la voluntad popular y un importante obstáculo para la satisfacción de las aspiraciones de los ciudadanos vascos”. En efecto, lo que subyace en la violencia de ETA no es un programa político concreto (independencia, socialismo), de la misma manera que lo que subyace en el contraterrorismo del GAL o en la práctica de la tortura no es la defensa de la democracia y la libertad frente al terrorismo. Lo que subyace en todos los casos es la intolerancia del todo vale. Una misma idea ha generado conductas violentas y no-violentas. No son las ideas ni la realidad lo que, de manera natural, “obliga” a practicar la violencia; antes bien, la violencia es siempre fruto de una determinada administración de las ideas, de una determinada manera de interpretar la realidad y de un acto de la voluntad basado en una determinada escala de valores. El valor que se asigna a la vida y a la muerte, la idea del todo o nada, el fanatismo de quien se cree en posesión de la verdad: esas son las ideas y actitudes que conducen a la violencia, con independencia del ropaje político que las camufle. Es el totalitarismo del todo vale y la pretensión de deslegitimar la voluntad popular lo que –aquí, entre nosotros– ha conducido a algunos a matar, y el todo vale es sólo eso: intolerancia extrema.

Decir no a la violencia porque “no sirve y es un obstáculo” es garantía de que no habrá violencia mientras se considere que “no sirve, no es útil, no es beneficiosa”. Y es, sin duda, un avance muy positivo. Pero decir no a la violencia porque “no todo vale” es garantía de “nunca más violencia”, no al menos en nuestro nombre. Ese sería el avance irreversible y justo: nunca más porque no todo vale.

Después de que el 22 de mayo la ciudadanía dibujara el mapa político más simplificado pero más complejo jamás conocido, se diría que volvemos a las andadas. La crispación y el enfrentamiento vuelven a situarse en el centro de la política vasca, cuya principal característica hoy parece ser la incapacidad de tejer acuerdos.

A los socialistas les cuesta asumir el varapalo, y a los populares les contraría que, a contrapelo de su alza histórica en el Estado y de lo que hasta ahora venía sucediendo en Euskadi, esta vez no hayan sido capaces de beneficiarse del descenso socialista. A ambos les cuesta interiorizar que el pacto PSE-PP ha suspendido su primera reválida electoral (si se extrapolaran al Parlamento Vasco los resultados, bajarían de 38 a 26 escaños). Por difícil que sea asumir tales realidades, cabe exigirles que no enfanguen ni crispen la vida política, porque así sólo se construyen abismos que deberían ser ya cosa del pasado. Cuesta entender que el pacto PSE-PP, al evidenciarse insuficiente para las instituciones forales y municipales, haya pretendido la cuadratura del círculo: que el PNV se sumara al acuerdo que socialistas y populares formalizaron hace dos años precisamente con el objetivo de desalojarlo de Ajuria-enea a pesar de ser la primera fuerza. Y cuesta entender que, apenas diez días más tarde, acusen al partido jeltzale de todos los males imaginables precisamente porque el PNV se haya negado a oxigenar el pacto creado en su contra.

El partido de Urkullu, como anunció en campaña, ha decidido no jugar contra nadie y presentar y votar a sus propios candidatos. Una posición diferente a la del resto de los partidos, incluido Bildu, que reclama respeto a su primacía en Gipuzkoa pero no respeta la ajena en Araba ni en diferentes ayuntamientos de Bizkaia y Gipuzkoa. El PNV ha aplicado el criterio de su ejecutiva nacional, con la salvedad de Lasarte-Oria, donde, debido a conocidas razones de política local, se ha incumplido el compromiso adquirido por el PNV ante la ciudadanía, razón por la cual trasciende al ámbito interno del partido y pasa a formar parte de su “debe”, y, paradójicamente, tampoco lo ha aprovechado para atenuar su revés en Gipuzkoa.

PSE y PP denuncian la existencia de un pacto clandestino entre PNV y Bildu en contra del PSE, pero difícilmente cabe hablar de tal pacto cuando Bildu –con el apoyo de Aralar, alguna plataforma local y el propio PSE– ha “arrebatado” al PNV al menos cuatro alcaldías en municipios donde este es la primera fuerza, y lo ha intentado en más sitios. PSE y PP atribuyen al PNV, además, la responsabilidad de la inestabilidad institucional y haber apostado por la acumulación de fuerzas nacionalistas, a pesar de que el PNV ha manifestado con claridad que no cabe acuerdo estratégico alguno con Bildu mientras no exija a ETA el cese definitivo de la violencia, esto es, su desaparición. Curiosamente, el PSE ha permitido alcaldías de Bildu en municipios donde pudo haberlas impedido –Beasain, Lemoa, Sopela y Laudio–. ¿Acaso ello justificaría hablar de un pacto tácito PSE-Bildu contra PNV? ¿No será que la propuesta dirigida por PSE-PP al PNV perseguía, además de frenar a Bildu, asegurar lo que la suma PSE-PP no les garantizaba? ¿Para qué siguen PSE y PP crispando y ahondando en el abismo? ¿No será mejor rebajar la temperatura? Creo que el nuevo tiempo exige también pacificar el lenguaje.

El PP, por su parte, anuncia mociones municipales con el doble objetivo de explicitar la condena de toda la historia de ETA, incluidas las acciones amnistiadas, y exigir a ETA el cese definitivo. A la izquierda abertzale representada en Bildu le corresponde ganarse la credibilidad de la que hoy adolece en lo que a la exigencia de punto final definitivo e incondicional de ETA se refiere, y es normal que el resto de los partidos así se lo requieran. En ese requerimiento no caben retrocesos. Pero una cosa es eso, y otra muy distinta es pretender que hoy y aquí condene la historia de ETA y su propio pasado. Eso hoy es un imposible, el PP lo sabe, y por eso mismo su iniciativa huele a un oportunismo que, tras la apariencia de máxima firmeza frente a la violencia, refleja una manera de hacer política en la que prima el interés partidista.

Es posible, ojalá no suceda, que la izquierda abertzale tradicional, a la vista de sus buenos resultados electorales y altas cuotas de poder municipal, caiga en la tentación de posponer la aludida exigencia inequívoca a ETA. Creo que se equivocarían, porque, además de dar la espalda a la inmensa mayoría de la sociedad, supondría una frustración y fraude para muchos de quienes les han votado en mi opinión precisamente porque han creído que “esta es la buena” para dar el paso a la política en exclusiva y acelerar el fin definitivo de ETA.

Desgraciadamente, no es nada esperanzador oír que se anuncia la cuestión de los presos como prioridad de la política municipal en los ayuntamientos gobernados por Bildu, y comprobar que en el mismo anuncio son clamorosamente olvidadas las víctimas del terrorismo. Obviamente, en el marco de una política global de reconciliación y reparación de daños y sufrimientos se deberá hablar, ante todo, de las víctimas, y también de política penitenciaria, cuanto antes mejor, pero siempre como fruto de un amplio acuerdo entre los representantes, si no de la totalidad, sí al menos de una rotunda mayoría ciudadana y política.

Asimismo, las expresiones de intolerancia vividas en Elorrio y en otros municipios en forma de amenazas e insultos constituyen la viva imagen de una regresión a lo más oscuro del pasado. A Bildu le corresponde acabar con esa intolerancia, y desautorizar públicamente y deslegitimar esas actitudes autoritarias y antidemocráticas. El nuevo tiempo se lo exige. No se entiende que en Lasarte u Orio celebren una victoria obtenida siendo segunda fuerza, y que allí donde por la misma regla quedan relegados descarguen su frustración en amenazas e insultos. Queda mucho por hacer, es evidente.