Lo decía en el artículo “Una artimaña perversa” publicado en este periódico (29-08-2011): el cambio que en la Ley sobre los derechos lingüísticos de los consumidores pretenden hacer el PSE-EE y el gobierno, con el apoyo de PP y UPyD, es un retroceso respecto a posiciones sostenidas por los propios socialistas en el pasado. En efecto, en septiembre de 2008, cuando el PP pretendió la derogación del decreto sobre derechos lingüísticos de los consumidores, el PSE-EE marcó distancias y propuso, mediante enmienda, la supresión de las sanciones previstas solo “para las obligaciones lingüísticas de carácter oral que se establecen para cualquier información o asesoramiento directo al consumidor o usuario”; es decir, los socialistas optaron entonces por mantener el sistema sancionador para el incumplimiento de las obligaciones de carácter escrito, así como para las de carácter oral cuando se tratara de información dirigida a una pluralidad indeterminada de usuarios (megafonía y similares). Ahora, sin embargo, pretende anular el sistema sancionador en su totalidad. Lo que hace tres años aprobaban, hoy lo rechazan al juzgarlo como imposición y contrario a la libertad. ¿Qué ha pasado?
Además, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, los pretendidos cambios trascienden el sistema sancionador. Lo que hoy proponen el PSE-EE y el Gobierno supone un retroceso también con relación a ordenanzas aplicadas y gestionadas durante años por alcaldes socialistas en ayuntamientos como Andoain, Errenteria, Irun y San Sebastián. Mientras en esos ayuntamientos toda entidad privada que recibe subvención municipal para sus actividades tiene la obligación de garantizar el uso del euskera en las mismas, el PSE-EE pretende modificar la Ley para limitar dicha obligación, de modo que no sea aplicada al conjunto de las entidades subvencionadas, sino solamente a las que “reciban subvenciones destinadas específicamente a la integración del euskera en las relaciones laborales y la atención al público”. Curiosa manera de fomentar, aquella que atribuye obligaciones solo a quienes se esfuerzan en utilizar también el euskera en su entidad.
Y hay más. A través de la modificación, se pretende que el Gobierno “fomente líneas de ayuda para facilitar la presencia de las dos lenguas oficiales”, como si la presencia del castellano fuera inexistente o escasa o estuviera amenazada, y, por tanto, estuviera necesitada de impulso y de ayudas económicas. Afortunadamente, el castellano no necesita impulso aquí, entre nosotros; tiene suficiente vigor, no necesita guardianes. Es el euskera el que necesita apoyo equilibrador.
Tengo la impresión de que en el PSE-EE a alguien se le ha ido este asunto de las manos. ¿O tal vez sea la mano del PP? En absoluto les niego legitimidad ni derecho para el retroceso, faltaría más, pero cuestiono la eficacia de esas medidas si se trata de avanzar hacia una mayor libertad e igualdad lingüística. No juzgo intenciones, no es este –no debe serlo- un debate entre enemigos y talibanes del euskera, ni entre enemigos y defensores de la libertad. Pero sabemos bien que, al igual que no todo lo que se hace a favor del euskera sirve necesariamente para fortalecerlo, tampoco todo lo que se dice hacer en defensa de la libertad sirve para protegerla, sino que, en ocasiones, sirve más bien para consolidar imposiciones y desigualdades que la cercenan en materia lingüística.
Para seguir avanzando progresivamente en el uso del euskera, la condición más necesaria, incluso imprescindible, es que ese sea el deseo de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Pero solo eso tampoco es suficiente. Hace falta, además, que haya más y más oportunidades de uso, que la libertad de elección lingüística pueda ejercerse efectivamente: no imponer pero tampoco impedir de hecho el uso de ninguna lengua oficial. Para ello, a los poderes públicos corresponde asegurar el amparo efectivo del derecho al uso social del euskera, así como su fomento real, entre otras cosas porque no hay libertad sin igualdad de oportunidades, y no hay convivencia lingüística respetuosa sin equiparación de derechos entre los convivientes. Todo derecho conlleva alguna obligación, y toda acción pública que pretenda mayor igualdad y equilibrio conlleva inevitablemente incomodidades para quien más tiene y para quien ostenta la hegemonía.
Aquí no cabe el dogmatismo lingüístico, porque nada se debe ni puede hacer en contra de la voluntad ciudadana. Pero tampoco cabe el darwinismo lingüístico supuestamente liberal, pues al eternizar la desigualdad de origen, impide la libertad e impone la ley del más fuerte. Es una falacia contraponer el fomento del uso del euskera a la regulación impulsora de su uso con normas aplicadas, por supuesto, con criterios de razonabilidad y progresividad. Según un estudio del propio Gobierno Vasco, el 81% de la ciudadanía considera que los consumidores tienen derecho a ser atendidos en euskera y castellano. Por tanto, desde un no rotundo al principio de la imposición, y a la vista de la realidad sociolingüística, reconozcamos la incongruencia del repetido sonsonete de la imposición del euskera. ¿Acaso son una imposición y una afrenta a la libertad la Ley antitabaco que prohíbe fumar en ciertos espacios de titularidad privada, la legislación sobre igualdad de género que obliga a respetar determinadas cuotas de representación en las listas electorales, la prolija legislación que obliga a utilizar el castellano en determinados productos de consumo en España, las leyes de igualdad recientemente aprobadas en Holanda, Bélgica, Italia y Francia que obligan a una cuota mínima de mujeres en los órganos de decisión de sus empresas privadas? Entonces, ¿por qué han de serlo las normas que pretenden garantizar –no sólo predicar- efectivamente tanto la información a los consumidores vascos en las dos lenguas oficiales como el uso voluntario de las mismas en las grandes superficies comerciales o en las grandes empresas de servicios?
Publicado en el Correo y en Diario Vasco el día 05-10-2011
