La cohesión nacional y social desde la diversidad identitaria
El Secretariado Social Diocesano Justicia y Paz de Gipuzkoa acostumbra organizar anualmente cursos de reflexión y análisis sobre la realidad social, cultural, económica y política que afecta a la comunidad, desde una perspectiva de compromiso con los derechos humanos, la justicia y la paz. Dichos cursos consisten básicamente en conferencias impartidas en la villa Gentza (Martutene – Donostia).
Se ha celebrado el curso 2012 – 2013, bajo el título “Soberanía, Democracia, Derechos Humanos”, entre los meses de octubre de 2012 y febrero de 2013. La organización me propuso participar en el mismo con una conferencia sobre la idea de concebir la nación vasca como suma. El 5 de abril de 2012, Diario Vasco y Correo habían publicado un artículo mío que llevaba por título “La nación vasca como suma” (1), un artículo sobre la nación vasca posible y deseable, elaborado a modo de preludio del Aberri Eguna de aquel año. José María Setién me propuso, y me convenció, para que en el marco del curso desarrollara y profundizara en la idea de aquel artículo, necesariamente breve, en una conferencia en la que podría disponer de bastante más tiempo que los 5.000 caracteres de un artículo. Así lo hice en la charla ofrecida el pasado 3 de diciembre.
Para mí ha sido un honor y un placer haber podido participar en este curso junto a José María Setién y Javier Arellano. Vaya, por tanto, mi agradecimiento más sincero al Secretariado Social Diocesano Justicia y Paz, y a José María Setién.
Setién impartió las dos primeras conferencias del curso, la primera sobre “Estado soberano, Democracia política, violencia”, y la segunda sobre “Democracia popular”. Javier Arellano, por su parte, presentó su ponencia sobre “Democracia y movimientos sociales: crisis de la representación”. El título de mi conferencia fue “La nación vasca como suma. La cohesión nacional y social desde la diversidad identitaria”.
Aquí se puede leer el texto íntegro de la charla, redactado para que sirviera de guía de la exposición.
(1) Link del artículo: https://patxibaztarrika.eus/la-nacion-vasca-como-suma/
Leer más: LA NACIÓN VASCA COMO SUMACurso sobre “soberanía, democracia, derechos humanos”
Gentza, 2012-2013
LA NACIÓN VASCA COMO SUMA
La cohesión nacional y social desde la diversidad identitaria
En esta conferencia me propongo hacerles partícipes de una reflexión política sobre la nación vasca posible y deseable en la perspectiva del siglo XXI, en un contexto manifiestamente recentralizador del Estado español y de una Europa convulsa y en refundación, en la que debemos evitar quedar arrinconados. Tenemos enfrente, además, una crisis dramática en lo económico, y de creciente intensidad en lo político e institucional. Los hechos nacionales diferenciados no sólo no retroceden, sino que llaman a la puerta con creciente intensidad y apoyo social, tal y como se evidencia en Cataluña y Euskadi.
No es una reflexión neutral. Se trata, no se lo oculto, de la opinión de alguien que se siente y se define abertzale, y que pretende contribuir con otros a construir la nación vasca sobre la base de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas, preservando la cohesión social con el bien común en el horizonte.
Desde esa perspectiva, la reflexión sobre la construcción nacional se sitúa claramente en las coordenadas de la convivencia entre los vascos y entre Euskadi y España, y afecta, además, directamente, al bienestar de la ciudadanía. Más autogobierno –solidaria y eficientemente gestionado– es más bienestar y desarrollo social.
Para iniciar mi intervención, voy a ensayar una pequeña aproximación a las ideas de nación, nacionalismo, soberanía y Estado, y la relación entre las mismas. No me voy a extender en ello porque poco podría añadir a lo que sobre el particular ha aportado aquí, en este curso, con su habitual precisión y profundidad, don José María Setién en las dos conferencias precedentes.
De la primera de dichas conferencias (pronunciada el pasado 1 de octubre), extraigo a continuación un párrafo que caracteriza con mucho acierto el contexto en el que se inscriben mis reflexiones de esta charla. Dice Setién:
“Finalmente no podremos dejar de señalar que la supuesta supremacía del poder propio de la soberanía del llamado Estado-Nación, está particularmente cuestionada en este s. XXI en el que vivimos (…) Ni económicamente, ni políticamente ni culturalmente puede afirmarse hoy que los Estados sean dueños de sí mismos, mediante el ejercicio de una soberanía que los haga independientes. A pesar de ello, los Estados siguen hablando de su independencia, apoyada en su supuesta soberanía”.
Ciertamente, la soberanía de los Estados (y de los Estados-Nación), entendida en términos absolutos, estancos e indivisibles, es cosa del pasado. No es una era de cambio la que estamos viviendo, sino más bien un cambio de era, que obliga a repensar y reinventar modelos y paradigmas, también en lo que a la organización del poder político se refiere.
Esquema
1. UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LAS IDEAS DE NACIÓN, NACIONALISMO, SOBERANÍA, ESTADO
2. DEL ESTATUTO HACIA UN NUEVO ACUERDO VASCO
2.1. Caracterización del “contencioso vasco”.
2.2. La gestión de nuestra diversidad
2.3. Sobre la vitalidad del Estatuto de Gernika como marco de convivencia
2.4. Hacia un nuevo Acuerdo para la Convivencia: subordinación vs interdependencia.
2.5. Posicionamientos ante un nuevo Acuerdo
2.6. Una mirada a Escocia
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1. UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LAS IDEAS DE NACIÓN, NACIONALISMO, SOBERANÍA, ESTADO
Son muchos quienes han vilipendiado sin piedad al nacionalismo minoritario tachándolo de simple ficción alimentada de mitos e invenciones, y de ideología retrógrada y opuesta al progreso, que “se cura viajando”. Sin embargo, hoy, cuando son más que nunca los que viajan y se viaja mucho más que en cualquier otro período anterior, el nacionalismo existe y se expresa con una pujanza creciente.
El sentimiento nacionalista no se ciñe exclusivamente a las naciones sin Estado, sino que es consustancial a los propios Estados nacionales. Sucede no pocas veces que, mientras las naciones sin Estado poseen una conciencia explícita de dicho sentimiento, los Estado nacionales, debido a la superioridad que les otorga su hegemonía, ni siquiera reconocen su sentimiento nacionalista.
Es evidente que los nacionalismos constituyen una reacción ante determinados problemas políticos y culturales, y ante situaciones en que los individuos y los pueblos sienten cercenadas su libertad y singularidad. Las naciones y los Estados han adoptado distintas formas en sus siglos de existencia. La organización del poder político en Europa, hasta la llegada del Estado-Nación hace poco más de dos siglos, adoptó diversas estructuras, tales como las ciudades-Estado o los imperios, entre otras. La creación de los Estados nacionales en Europa supuso la configuración de nuevas unidades territoriales en las que quedaron subsumidas comunidades diferenciadas con personalidad propia. Los casos del Estado español y francés son paradigmáticos al respecto; basta mirar a Euskadi, Cataluña o Bretaña.
La unificación de diferentes comunidades para la configuración de unidades territoriales de mayor dimensión bien se pudo haber realizado sin que supusiera la uniformización anuladora de los hechos nacionales o diferenciales en beneficio de un Estado nacional homogeneizador de nueva planta. Pero no se hizo así, y muchos de aquellos hechos específicos han sido capaces de reaccionar y desarrollarse con creciente vitalidad, reivindicando su propia personalidad, adecuándose a las circunstancias cambiantes de la sociedad y, en muchos casos, como el catalán y vasco, protagonizando, junto con otros movimientos, la lucha por la democracia y la modernización de sus sociedades. Los nacionalismos vasco y catalán han sido sin duda más progresistas que el nacionalismo español unitarista y homogeneizador.
A diferencia de quienes menosprecian los nacionalismos como fenómenos contrarios a la modernidad y universalidad, pienso que la dicotomía no se produce en términos de “particularidad vs universalidad”, sino de “uniformidad vs universalidad”. La uniformidad no sólo ahoga los particularismos; la uniformidad es, en realidad, la negación de la universalidad misma y de la libertad, precisamente porque pretende acabar con las particularidades, es decir, con la pluralidad.
La unificación de diferentes colectividades territoriales no implica necesariamente la desaparición de la pluralidad que las mismas representan. Pero el esquema Estado-Nación se ha desarrollado sobre las bases de la uniformización/homogeneización, como si la diversidad nacional (o la diversidad lingüística y cultural) fuese algo negativo, cuando en realidad es enriquecedor y, en todo caso, es lo natural. Los nacionalismos de las naciones sin Estado se conciben precisamente como respuesta a esos poderosos intentos de acabar con la diferencia, y como reclamación de un poder político que les permita desarrollar su propia personalidad, solidariamente con los demás, pero sin diluirse en la nueva nación absorbente.
No es fácil formular una definición objetiva de nación. Hay naciones, como la vasca, simultáneamente proclamadas por unos y negadas por otros. Otras naciones nadie las pone en cuestión: basta mirar al Reino Unido. La identidad nacional vasca presenta elementos propios claramente objetivables (la identificación con la colectividad Euskadi, una lengua propia, unas instituciones específicas, una simbología y una mitología propias, una cultura propia en continuo desarrollo a lo largo del tiempo, un modelo socio-económico competitivo propio que descansa sobre valores como la solidaridad y que ha permitido un desarrollo económico y social equitativo y sostenible, una historia, una tradición, una convivencia vinculada a un territorio), pero, además, contiene un sentimiento subjetivo, que es decisivo: la manifiesta voluntad de pertenencia a la nación vasca. En todo caso, a falta de un criterio universal y único para determinar objetivamente en qué consiste una nación, también en nuestro caso adquiere especial y decisiva relevancia el factor subjetivo de la voluntad de la ciudadanía, que concibe Euskadi como una nación. Este argumento subjetivo es inapelable en términos estrictamente democráticos.
La identidad vasca es como las demás, ni mejor ni peor, ni mayor ni menor que la española, la alemana o la argentina. Las identidades socio-político-culturales se vinculan a los pueblos y naciones. Debería ser posible aceptar un Estado con varias naciones –lo es en algunos sitios, como el Reino Unido, por ejemplo–. El conflicto surge cuando se vinculan obligatoriamente nación y Estado, y a los portadores de una identidad nacional sin Estado se les pide asumir como propia la identidad de la Nación-Estado que, sin embargo, ignora la suya propia.
No sabemos cómo serán las cosas en el futuro, pero en el pasado y hoy día es evidente que las identidades vasca, gallega y catalana no tienen lugar en la simbología ni en el mapa cultural español. El euskera, el catalán o el gallego, y la diversa producción cultural generada en dichas lenguas, son, pongamos por ejemplo para un joven de una comunidad monolingüe que solo cuenta con el castellano como lengua oficial, lenguas tan “lejanas o ajenas” como lo pueden ser para un joven holandés o argentino. El cante flamenco o las sevillanas forman parte de la identidad cultural española: ¿acaso se puede decir lo mismo de la sardana o del bertsolarismo? La vinculación necesaria de nación y Estado en un contexto plurinacional termina tratando de imponer una determinada identidad nacional sobre las otras, en nombre de un falso universalismo que en realidad pretende ocultar una uniformización liquidadora de las particularidades.
No se dan cuenta, quienes así actúan, de que todas las identidades y todas las lenguas sin excepción, también las más extendidas, son simples particularidades. De ahí que ser nosotros mismos y desarrollarnos como tales es la mejor aportación que podemos hacer cada pueblo y nación a la universalidad. En eso consiste la identidad. Una identidad dinámica y en permanente construcción, abierta a los elementos culturales y sociales del entorno, una identidad abierta y plural, que por eso mismo se sitúa por encima –no en contra– de todo proyecto político e ideológico.
Es posible aceptar un Estado capaz de asumir y englobar diferentes naciones, pero para ello es necesario desvincular Estado y nación. De ahí que, en mi opinión, sea un error contraponer los conceptos de ciudadanía e identidad nacional. No son incompatibles, ni hay por qué oponerlos. La identidad nacional nos proporciona un anclaje en el mundo, una manera de estar en un mundo cada vez más globalizado. Eso sirve tanto para las personas que forman parte de un Estado-Nación como para las personas que forman parte de una nación sin Estado. Todos tenemos, necesitamos tener, alguna identidad nacional, e incluso más de una. Es absurdo pretender que el debate identitario sea cosa del pasado y carezca de interés para la ciudadanía. La identidad nacional expresa vinculación a un pueblo, mientras la ciudadanía es un concepto que expresa vinculación institucional a una determinada estructura político-administrativa y nos reconoce a las personas como sujetos de derechos y obligaciones, garantizando el ejercicio de los mismos en libertad e igualdad, con independencia del sentimiento identitario. No son excluyentes. De la exclusión se deriva el conflicto.
Es, pues, necesario distinguir nación y Estado, así como Estado y Estado-Nación. La propia Constitución española marca la diferencia entre nación y Estado, en los artículos 1 y 2.
Una cosa es España como Estado, otra cosa es el pueblo español, titular de la soberanía de la que surge el Estado, es decir, no es el Estado la fuente de soberanía, sino el pueblo español.
La idea del Estado-Nación se fundamenta en la contraposición de diferencia e igualdad, unidad y diversidad, como si la diversidad y la igualdad no pudieran compatibilizarse y requirieran, sin embargo, que dejemos de ser lo que esencialmente somos los seres humanos y las colectividades (llámense pueblos, naciones…): diferentes. Sin embargo, el reconocimiento y el ejercicio de esa pluralidad es condición de la propia libertad, y su negación es lo que provoca rechazo de la idea homogeneizadora de Estado-Nación y da lugar a los nacionalismos llamados periféricos.
La nación, como se ha dicho anteriormente, por regla general, se fundamenta en dos factores constitutivos y, a la vez, complementarios: por una parte, factores culturales comunes que se transmiten de generación en generación, y, por otra, el sentimiento y la voluntad de pertenencia a una comunidad específica y diferenciada. La legitimidad de la construcción nacional reside en la voluntad de las personas que integran la colectividad nacional.
Conviene entender, en todo caso, que en una sociedad compleja los llamados factores culturales identitarios no son estáticos, sino cambiantes. Conviene tener presente, asimismo, que tampoco es homogénea ni del mismo grado la adscripción a los factores culturales comunes por parte de las personas que integran la comunidad. Por ejemplo: el euskera es el elemento más caracterizador e identificador del pueblo vasco, tanto a nivel interno –en su función de elemento de comunicación de una parte de los vascos– como externo –en su condición de elemento diferenciador respecto a otros pueblos–, y la inmensa mayoría de los vascos lo asume como patrimonio propio a preservar; pero no todos los vascos tenemos el mismo tipo y grado de adhesión e identificación respecto al euskera. El castellano no es ajeno a la identidad vasca. Nuestro bilingüismo es también un factor constitutivo de “comunidad de cultura” e identidad.
La lengua es un aspecto fundamental para consolidar la identidad nacional: Euskadi es un buen ejemplo de ello. Qué decir de Cataluña. Hay voces que interpretan el impulso de una lengua y de una política cultural ligada a la misma como factor etnicista de la construcción nacional. Esto, sin embargo, es falso, porque no es la lengua en sí lo que determina el carácter cívico o etnicista de la nación, sino la función que se confiera a aquella. El caso vasco es un claro ejemplo de una función de la lengua no excluyente sino incluyente e integradora, cuando se reconoce y garantiza a todos los ciudadanos sin excepción el derecho a conocer y utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en pie de igualdad. No cabe decir exactamente lo mismo sobre la Constitución española (art.3).
Volviendo, pues, a la diferencia entre nación y Estado, si la nación y el Estado son dos entidades diferentes, y si es la voluntad de la ciudadanía la fuente de legitimidad de la nación y de la construcción nacional, parece evidente que en sí mismo la nación no tiene por qué diluirse ni quedar subsumida en el Estado. Si nación y Estado son dos entidades diferentes, se supone que, por lo mismo, son dos sujetos de derecho que, como tales, deben ser respetados. Es decir, cabe afirmar la legitimidad de los derechos de la nación de manera específica y diferenciada.
Hay quienes jerarquizan las naciones distinguiéndolas entre naciones culturales y naciones políticas. Podrían servir a modo de ejemplo estas palabras de Patxi López: “Euskadi es una nación en términos culturales, pero no en términos políticos, en el sentido de una soberanía exclusiva y excluyente”.Cabría deducir que, según esta concepción, las naciones con dimensión política serían aquellas que ya están constituidas como Estado-Nación, y solo a ellas les habría de corresponder la plenitud política y serían las únicas con legitimidad para seguir siendo Estado. Sin embargo, las naciones que solo lo son en su dimensión cultural serían minorías nacionales con rasgos culturales diferenciados que perviven dentro del Estado-Nación, y que contarían con la legitimidad para el reconocimiento de dichos rasgos particulares y para elejercicio de un autogobierno limitado mediante el acceso a cierto grado de autonomía, pero en ningún caso gozarían de la legitimidad de las naciones políticas constituidas en Estado-Nación.
En mi opinión, esta concepción, además de no atender suficientemente a las consecuencias de la distinción radical entre nación y Estado, porque niega el demos de la nación para afirmar en exclusiva el demos del Estado, adolece de otra debilidad: no distingue entre Estado y Estado-Nación, porque podría dar a entender que el único Estado posible es aquel en el que se dé una identidad de nación y Estado, a pesar de que la mayoría de los Estado-Nación no son naciones puras. El Estado-Nación es en sí mismo un constructo nacionalista cuyo objetivo esencial es ejercer la soberanía en un determinado territorio, soberanía que pertenece al pueblo.
En mi opinión, la clave fundamental para determinar un marco de convivencia legítimo y satisfactorio consiste en respetar absolutamente la pluralidad: la pluralidad individual y social en la configuración interna de la nación, y la pluralidad nacional en la configuración del Estado. Quiere esto decir que cualquier forma de organización política de la nación debería respetar y tener muy en cuenta la diversidad de sentimientos de pertenencia de sus componentes. Y quiere esto decir que una España plurinacional que se niegue a reconocerse como tal y siga optando por el Estado unitario y homogeneizador que pretende diluir los hechos nacionales en “la patria única e indisoluble” seguirá condenada irremisiblemente al conflicto. La fórmula del Estado-Nación no es válida para un Estado plurinacional en el que las naciones que lo componen llaman legítimamente a la puerta de la soberanía para participar en su ejercicio. En un Estado plurinacional, el ejercicio de la soberanía habría de ser plurinacional, no uninacional, es decir, un demos plurinacional, no uninacional.
La soberanía exclusiva y hermética es una quimera. El significado del principio de la soberanía se está transformando inevitablemente. Basta echar una mirada a los mercados para concluir que no son los Estados los únicos depositarios de la soberanía. Seguramente cabe preguntarse si tiene sentido mantener la propia noción de soberanía (pero esas son aguas demasiado profundas para que nos adentremos en ellas hoy aquí). Posiblemente nunca ha sido tan pertinente y necesario como hoy diferenciar el derecho a decidir y la constitución de un nuevo Estado nacional, de manera que tal posibilidad no debe ser excluida, pero tampoco debe establecerse una relación de estricta inevitabilidad entre ambos. Ciertamente, entendemos que podría –y debería- ser compatible el derecho de decidir de las naciones de un Estado plurinacional y el ejercicio de la soberanía por parte del Estado en clave plurinacional, es decir, en clave de cosoberanía. En última instancia, se trata de dilucidar si en un Estado plural pueden coexistir varios sujetos de pleno derecho, o si por el contrario solo cabe un “sujeto de” pleno derecho y los demás solo pueden ser “objetos de”.
El nacionalismo pretende legítimamente el poder político suficiente para el desarrollo político, económico, social y cultural de la colectividad nacional y para organizar adecuadamente la convivencia en sus dimensiones interna y externa. Para ello, el Estado ha sido y es solo un posible instrumento, pero no el único. La independencia entendida como la creación de un Estado no debería ser considerada ni como un tabú ni como la panacea universal. Depende. El proceso de transformación del propio Estado-Nación afecta también al nacionalismo.
Este debate sobre la llamada cuestión nacional es, por tanto, un debate en el que no solo se discute la legitimidad de las diferentes opciones, sino también la mejor manera, la vía más eficaz, no solo legítima, para avanzar en la construcción nacional, profundizar en el fortalecimiento de la conciencia nacional, respetar la voluntad de la ciudadanía, respetar la pluralidad interna de la propia sociedad y preservar la cohesión social mejorándola permanentemente. Es en esa clave como pasamos a afrontar la reflexión sobre el proceso de la construcción nacional vasca.
2. DEL ESTATUTO HACIA UN NUEVO ACUERDO VASCO
2.1. Caracterización del “contencioso vasco”.
El denominado “profundo contencioso vasco” (expresión plasmada en el Pacto de Ajuria-enea en 1988) se refiere a la relación Euskadi-Estado, es decir, al encaje de Euskadi en el Estado, así como a la presencia institucionalizada de Euskadi en la Unión Europea, la cual adquiere ya, y adquirirá en el futuro inmediato, especial relevancia. Una parte muy importante de la sociedad vasca –al menos la que se sitúa en el ámbito de la pluralidad del nacionalismo vasco– no se siente suficientemente cómoda y satisfecha en el actual marco de relación Euskadi-Estado derivado de la Constitución de 1978, porque, al margen de un mayor o menor grado de autonomía, considera que no termina de reconocerse efectivamente el hecho nacional y diferenciado vasco, en la medida en que el pueblo vasco no se reconoce efectivamente como sujeto político titular de los derechos que –según las Disposiciones Adicional Primera de la CE y Única del Estatuto de Gernika– le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, y tal reconocimiento efectivo conllevaría el derecho a decidir sobre su futuro.
Basta recordar los resultados del referéndum constitucional de 1978 en Euskadi, resultados que se prestan al debate entre legalidad y legitimidad. Es sabido que en Euskadi se hizo un llamamiento a la abstención activa, con el objeto de visualizar la no aceptación de la CE. Pues bien: mientras en el conjunto del Estado solo se abstuvo el 32,89% (hubo una participación del 67,11%), en la CAV se abstuvo el 54,49% del censo, y el 10,85% votó negativamente. En la CAV solo el 31,29% del censo votó a favor de la Constitución (en Navarra lo hizo poco más de la mitad, el 50,38).
Se trata de dilucidar la manera de estar de Euskadi en España: o bien como una entidad descentralizada más, o bien como una entidad singular con personalidad propia que, a diferencia de otras comunidades, posea una capacidad de decisión y de pacto con el Estado en un plano de igualdad que conlleve una relación bilateral garantista con el Estado. El problema guarda relación directa con el modelo de Estado, es decir, se trata de optar o bien por un Estado plurinacional (multilingüe y multicultural), o bien por un Estado unitario, aunque descentralizado. El Estado Autonómico de los 17 en realidad ha supuesto la negación de España como Estado plurinacional, al confundir la descentralización administrativa –que solo responde a criterios de eficiencia administrativa– con el reconocimiento de los hechos diferenciales. Esto se ha agravado a partir de la última reforma del Estatuto de Valencia, de 2006, por la que se introdujo una cláusula (la cláusula Camps) según la cual cualquier eventual ampliación competencial de cualquier Comunidad Autónoma pasaría a aplicarse automáticamente en la Comunidad Valenciana. Es decir, el mismo techo competencial para todos.
En la sociedad vasca conviven diferentes puntos de vista en relación con esta cuestión. De ahí que la solución o el arreglo para el conflicto vasco, aunque este no constituya estrictamente un conflicto interno de la sociedad vasca, requieran indefectiblemente de un acuerdo interno de la propia sociedad vasca. Entre otras cosas porque los diferentes puntos de vista guardan, a su vez, relación con la pluralidad de sentimientos identitarios que coexisten en la sociedad. Por ello, la fortaleza de cualquier propuesta de nuevo marco de convivencia en su proyección hacia el Estado será directamente proporcional a la solidez de su dimensión interna.
La controversia fundamental, a grandes trazos y sin perjuicio de los matices que se pudieran introducir, se refiere a la definición del demos. Desde un lado de la barrera, se reclama el reconocimiento del pueblo vasco como sujeto político con capacidad para decidir su futuro, tanto en lo que a su propio marco de convivencia se refiere como en su relación con el resto de los pueblos y con el Estado, incluyendo cualquier forma de organización jurídico-política. Por otra parte, y en frontal oposición a la señalada reclamación, se afirma que el único sujeto político soberano es el pueblo español en su conjunto, y que el Estado está al servicio de ese demos unitario, de manera que solo el Estado y la totalidad del pueblo español pueden decidir sobre el marco jurídico-institucional en el territorio del Estado.
La primera posición sostiene el derecho que asiste a todo pueblo o nación que se autoidentifica como tal a decidir sobre su futuro, y además, en el caso concreto de Euskadi, el Estatuto y la propia Constitución incluyen, desde la no renuncia explícita, una salvaguarda de los derechos históricos. La posición contraria, sin embargo, enarbola la bandera de los artículos 1 y 2 de la CE. Como recientemente dijo Felipe González, “autodeterminación sí, pero del conjunto del pueblo español”. Mientras una posición afirma la existencia de más de un demos, más de una nación, más de un sujeto de pleno derecho, la otra se niega a aceptar más nación que la española, de modo que, según dicha posición, a las demás naciones solo les queda ser “objetos”, no “sujetos” de derecho. Digo “las demás naciones” porque tales naciones, con independencia de su reconocimiento como sujeto u objeto, existen, en última instancia precisamente porque los ciudadanos se sienten miembros de las mismas, es decir, una amplia mayoría de la ciudadanía de dichas colectividades se afirma, con mayor o menor intensidad y medida, a sí misma como nación.
El problema consiste en que ese principio de legalidad que encierra una concepción constitucional decimonónica no se corresponde con el principio de realidad, que exige un nuevo modelo territorial, nuevas formas de encaje, una nueva concepción de la soberanía que suponga la superación de la concepción más esencialista y menos ciudadana que cabe en el nacionalismo político, que es la identificación de nación y Estado propia del Estado-Nación. Una superación que habría de venir de la mano de concebir el Estado español como un Estado plurinacional en el que se ejercitaran las soberanías compartidas. Porque, lo que está en crisis no es Euskadi, que ha demostrado ser un país viable y capaz de labrarse un modelo social-económico avanzado y sostenible; lo que está en crisis es el modelo territorial del Estado español.
2.2. La gestión de nuestra diversidad
Recupero literalmente una formulación que hice en agosto de 2011 con motivo de una reflexión para una política de convivencia, promovida por Eusko Ikaskuntza: “La cohesión y la fortaleza de la sociedad vasca requieren que seamos capaces de formular y compartir la identidad vasca como una identidad comunitaria capaz de integrar la pluralidad de sentimientos de pertenencia e identificaciones que coexisten en esta sociedad compleja, y que sintamos y compartamos esa identidad plural sin que ninguno de nosotros tengamos que renunciar a nuestros elementos identificadores. La aceptación consciente de esa pluralidad debería ser una seña de identidad de nuestra identidad (valga la redundancia)”.
No hay dos comunidades. Me atrevo a decir que tal simplificación es una burda manipulación; aquí, en su caso, habría “2 o 3 millones de comunidades”. Asumir el pluralismo significa renunciar a dividir o agrupar a los ciudadanos en compartimentos estancos, petrificados e impermeables al resto. Significa entender que la identidad de cada uno no se define ni se construye en oposición al “otro”, porque todos somos para alguien el “otro”. Significa entender que uno se define en positivo, no en negativo, afirmando lo que se es, sin que eso suponga negar nada. Significa entender que todos somos cada vez en mayor medida “mixtos”.
El enfrentamiento entre dos comunidades ha sido un argumento esgrimido desde algunos sectores de la esfera política para construir un discurso no ya no-nacionalista, sino antinacionalista, llegando incluso a contraponer las aspiraciones de autogobierno –que son inherentes al nacionalismo vasco– con la resolución prioritaria de los problemas sociales del día a día, cuando el autogobierno, además de una aspiración al reconocimiento de un estatus político propio, precisamente es un instrumento para la mejora del bienestar social.
Se podría y habría que matizar lo que voy a decir, pero cabe afirmar que existen al menos dos formas de concebir la nación, y también la identidad, que son aplicables en nuestro caso: la concepción cívica o ciudadana y la etnicista-historicista. Mientras la primera sitúa en el centro de gravedad a la ciudadanía y su inherente diversidad identitaria, la segunda pone el acento en una determinada forma de “ser” vasco. La opción deseable de convivencia en una sociedad compleja como la vasca es, sin duda, la primera. Hoy no existe una identidad nacional pura e impermeable, y pretenderla sería contrario a la libertad. En consecuencia, el nacionalismo deseable es, en mi opinión, el nacionalismo democrático abierto, incluyente y pluralista. Digo más: el proyecto político que ha desplegado el nacionalismo democrático o institucional en estas tres décadas de liderazgo político en la sociedad vasca ha posibilitado un elevado grado de cohesión social precisamente porque ha situado al conjunto de la ciudadanía en el centro de su acción, a esa ciudadanía plural en sus sentimientos de pertenencia nacional, y plural en sus factores identitarios y en lo lingüístico.
El proyecto del nacionalismo institucional se ha situado, no sin tensiones, en las coordenadas de lo que hemos denominado concepción cívica o ciudadana de la nación. El nacionalismo vasco entiende la nación como un constructo colectivo de todos los ciudadanos de Euskadi que quieran adherirse al mismo, con independencia de sus orígenes, lengua de uso o sentimientos de pertenencia, de manera que todos participan en la construcción permanente de una identidad colectiva propia y diferenciada. Dicha identidad, en una sociedad compleja como la vasca, solo puede ser múltiple para que sea realmente integradora, para que signifique un factor sumatorio e incluyente. En suma, una identidad de identidades.
Sin duda, la diversidad de factores culturales e identitarios que el pueblo vasco ha forjado en un continuum histórico constituyen una base fundamental de la nación vasca, pero la nación vasca se construye no sobre una identidad recibida y atribuible a los ciudadanos, sino sobre la conciencia de la diferencia y sobre la voluntad de pertenencia a una comunidad determinada y el consenso de quienes la componen. Lo que constituye el fundamento de la nación es, pues, la adhesión voluntaria de quienes la integran, sin excluir a nadie. Ahí reside su fortaleza.
Construir nación significa, en primer lugar, edificar la cohesión social y cimentar la convivencia. Esto solo es posible integrando la policromía de la sociedad vasca; es decir, haciendo que la identidad vasca sea un lugar de encuentro del pluralismo identitario, político-ideológico, lingüístico, cultural y religioso de nuestra sociedad, un espacio de derechos colectivos inherentes a la construcción nacional y social y de derechos individuales, que, de manera prevalente, deben ser preservados.
No es posible, ni sería deseable en términos democráticos, construir la nación al margen o en contra de los derechos individuales. Se trata de utilizar la copulativa “y” en lugar de la disyuntiva “o” cuando nos refiramos a la identidad vasca, se trata de integrar la pluralidad y al mismo tiempo fortalecer el sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional. Entendemos que la posición del nacionalismo institucional es clara en ese sentido.
Construcción nacional y construcción social son las dos caras de la moneda. Porque la construcción nacional requiere atender unos valores en detrimento de otros –el nacionalismo democrático vasco, por ejemplo, ha optado por la libertad individual, la solidaridad, la cohesión, la igualdad de oportunidades, el europeísmo y el pactismo–. Y también porque nación es ciudadanía, no territorio.
La unidad territorial, aspiración legítima y adecuada, no es imprescindible ni para la existencia ni para la perdurabilidad de la nación, ni tampoco lo es el decadente Estado-Nación. Es la voluntad nacional de las vascas y los vascos de hoy lo que hace posible –y dota de legitimidad– la nación vasca, una voluntad que debe ser respetada. Por eso mismo la fortaleza de la nación vasca depende del grado de adhesión de la ciudadanía al proyecto nacional, adhesión que a su vez depende de la capacidad integradora de dicho proyecto.
2.3. Sobre la vitalidad del Estatuto de Gernika como marco de convivencia
En primer lugar, conviene recordar el alto nivel de adhesión que obtuvo el Estatuto en la sociedad vasca. A pesar de la oposición de AP y HB (AP abogó por el no, HB por la abstención activa y el no), el Estatuto fue aprobado por el 53,13% del censo en un referéndum en el que participó el 59,77% del censo. Compárese con los resultados del referéndum sobre la Constitución solo un año antes: tan sólo el 31,29% del censo votó a favor del texto constitucional, y el 54,49% se abstuvo.
El apoyo de la sociedad vasca al Estatuto en las urnas demuestra que la norma institucional básica fue saludada como un verdadero lugar de encuentro de la pluralidad social y política vasca. Basta tener en cuenta que, en el conjunto de las elecciones que se han celebrado en la CAV desde 1977 hasta hoy, el promedio de quienes votan a partidos nacionalistas vascos es el 34% del censo, y el de quienes votan a los otros partidos es el 32% (el resto se abstiene o vota en blanco). El apoyo obtenido por el Estatuto en las urnas fue, por tanto, casi 20 puntos mayor que el promedio del voto que vienen consiguiendo las formaciones nacionalistas, y 22,5 puntos mayor que el de los otros partidos.
Creo recordar que fue en la parte final de la década de los 90 cuando algunos optaron por certificar la muerte o el agotamiento irreversible del Estatuto. Los hechos se han encargado de refutar aquella sentencia dictada, a mi juicio, con excesiva premura. En todo caso, en una perspectiva más amplia de 32 años de vigencia y de un horizonte de futuro, cualquier valoración sobre el desarrollo del Estatuto de Gernika y sobre lo que del mismo “está vivo o muerto” debe tener en cuenta dos factores: su contenido material y su carácter de pacto (que, a su vez, es doble: pacto interno de la sociedad vasca y pacto de esta con el Estado).
En lo que al contenido material se refiere, es evidente su carácter extraordinariamente avanzado y positivo. El Estatuto ha servido para hacer país, para que Euskadi sea más nación, y ha contribuido a una elevada cohesión social. Tengo la impresión de que sus muchos aspectos positivos no han sido suficientemente explicados ni valorados a lo largo de estos años, hasta el punto de que las generaciones jóvenes piensan que todas las cuestiones derivadas de nuestra norma institucional básica (en materia de educación, lengua, medios de comunicación, sanidad, atención social, policía, política de impulso a la economía real, empleo…), algunas “estructuras de Estado”, que diría Mas, en realidad han estado ahí desde siempre. Los indicadores de todo tipo que han llegado a situar a Euskadi en la vanguardia del Estado y por encima de la media europea no hubieran sido posibles sin el Estatuto (y sin su gestión, claro está).
Junto a ello hay que decir que el Estatuto ha sido incumplido bien mediante la negativa a transferir numerosas materias, bien mediante una legislación básica y de determinadas sentencias que o bien recortan o bien anulan el contenido originario de numerosas competencias transferidas. El espíritu de la LOAPA, a pesar de que su letra fuera declarada inconstitucional, nos ha sobrevolado a partir de la década de los 90.
En lo que al carácter de pacto se refiere, conviene recordar que fue acordado por una amplia representación política vasca, representativa de una mayoría cualificada y de la pluralidad de la sociedad vasca; fue asimismo pactado con las instituciones del Estado, refrendado por la ciudadanía y aprobado como Ley Orgánica por las Cortes españolas mediante el procedimiento de artículo único. Si los procedimientos siempre son importantes, en este caso es especialmente relevante, porque ese procedimiento, que impide su enmienda parcial en las Cortes españolas, las cuales quedan emplazadas a un “o lo tomas o lo dejas”, es reflejo precisamente del carácter de pacto del Estatuto.
Lo que no se ha respetado por parte del Estado es precisamente ese carácter de pacto, y es eso lo que, mucho más que el evidente retraso en las transferencias, ha erosionado la “vida” del Estatuto. La interpretación unilateral del Estatuto por parte del Estado supone anular la naturaleza paccionada de la norma institucional básica vasca y de la relación Euskadi-Estado. El Estatuto fue fruto del diálogo, la negociación y el consenso, pero no así su desarrollo, por negativa unilateral de los poderes del Estado. Esto termina erosionando un sistema y un marco político previamente acordado, hasta quebrarlo. El cumplimiento del Estatuto se ha visto, además, supeditado a las necesidades de gobernabilidad del Estado, escenario en el cual el nacionalismo vasco se ha mostrado como el más enérgico e inequívoco defensor del autogobierno. La no asunción de la naturaleza paccionada del Estatuto por parte del Estado ha impedido que la citada norma institucional desarrollara muchas de sus virtualidades, en concreto en lo que se refiere a la manera de estar de Euskadi en España. Ahora va adquiriendo fuerza el arrasador argumento de la uniformización y fortalecimiento del Estado en nombre de “la necesaria eficiencia en tiempos de crisis”, mezclando churras con merinas en un clima de franca involución centralista.
Frente a posiciones maximalistas de “todo o nada”, la mayoría de la ciudadanía vasca optó hace 32 años –y ha seguido optando– por la negociación y el pacto. El Estado, sin embargo, ha jugado a la unilateralidad y el incumplimiento. Sea como fuere, supone una vulneración definitiva del pacto Euskadi-Estado cualquier interpretación que no respete el espíritu de pacto y de reconocimiento del hecho diferencial vasco con el que fue acordado, aprobado y refrendado el Estatuto de Gernika.
En todo caso, todavía queda recorrido para el cumplimiento material íntegro del Estatuto aprobado en 1979 y, sobre todo, para el desarrollo de las previsiones constitucionales y estatutarias en materia de derechos históricos, sobre la base de una interpretación innovadora y pluralista.
2.4. Hacia un nuevo Acuerdo para la Convivencia: subordinación vs interdependencia.
La última prueba del estancamiento al que está sometido el desarrollo del autogobierno vasco desde que nos sobrevuela el espíritu de la LOAPA se ha producido con motivo del pacto suscrito hace tres años y medio por PSE-PP para el Gobierno Vasco. Decían ambos partidos que el nacionalismo institucional actuaba de freno para el desarrollo estatutario, porque lo instrumentalizaba para alimentar su enfrentamiento con el Estado. El pacto PSE-PP prometía ser la llave para dicho desarrollo. Lo sucedido es, sin embargo, exactamente lo contrario. El gobierno PSE-PP no ha conseguido ningún avance estatutario; en la legislatura pasada se han dado pasos mediante la materialización de transferencias de competencias, pero se han dado gracias a los acuerdos presupuestarios del PNV con Zapatero. En definitiva, se ha confirmado la cicatería de décadas del Estado a la hora de posibilitar el desarrollo del autogobierno, desarrollo que se ha visto vinculado a las necesidades de gobernabilidad del Estado y a la capacidad de influencia del PNV.
Pero no se ha tratado solo de la cicatería del Estado. El hecho de que ETA y la izquierda abertzale hayan pretendido justificar el horror de la violencia en nombre del conflicto político y hayan vinculado paz con superación del citado conflicto ha sido no solo ineficaz, sino absolutamente perjudicial para al desarrollo del autogobierno. El hecho de que unos hayan pretendido imponer por las armas su proyecto político y obtener reivindicaciones políticas gracias a la violencia, ha servido a otros como coartada para frenar el cumplimiento de la Ley Orgánica del Estatuto.
La violencia ha sido enormemente perjudicial en términos éticos y de convivencia, una fuente inagotable de injusticia, cuyo rostro son las víctimas; pero, en términos estricta y exclusivamente políticos, el gran pagano de la violencia ha sido el desarrollo del autogobierno. No creo que los fenómenos que se están dando en Cataluña o Escocia hubieran tenido lugar si en esas naciones alguien hubiese contaminado con la violencia la lucha legítima por los derechos nacionales.
Lo cierto es que nos encontramos en un momento en que confluyen diferentes factores que apuntan en la dirección de alcanzar un nuevo acuerdo de convivencia y desarrollo del autogobierno para un fortalecimiento de la nación vasca. Entre esos factores subrayo cuatro:
– Estancamiento del desarrollo del autogobierno, y voluntad política mayoritaria para profundizar en el mismo, manifestada con fuerza recientemente en las urnas.
– Quiebra del modelo de organización territorial del Estado.
– Necesidad de adecuación del autogobierno como herramienta para responder a la nueva realidad socio-económica y para participar en la nueva Europa en construcción, con voz propia en las instituciones de la UE.
– Un nuevo tiempo tras el cese definitivo de la violencia.
A la hora de abordar la cuestión de un nuevo acuerdo político, adquiere especial relevancia no solo el qué, sino también el cómo. Si nos referimos al qué,el autogobierno vasco necesita un sistema bilateral de garantías efectivo de cumplimiento de lo pactado, así como la posibilidad de participar directamente en la construcción europea, incluida su vertiente económica, en tanto que titular de un sistema fiscal propio. Habrá que hacer los esfuerzos necesarios para evitar que los imparables vientos de la armonización fiscal europea se lleven por delante el sistema del Concierto Económico.
Y si nos referimos al cómo, el dilema no es nuevo: pacto o unilateralidad. Un nuevo gran acuerdo político actualizador del autogobierno que siente las bases de la convivencia política en Euskadi y de sus relaciones con el Estado requiere, en primera instancia, un pacto interno de la sociedad vasca, un pacto integrador que concite una amplia mayoría política y social, y refleje suficientemente la pluralidad identitaria de la voluntad ciudadana. Cuando se trata de establecer los grandes cimientos comunitarios, es la vía del pacto y del consenso la que puede fortalecer la construcción nacional vasca, frente a dinámicas frentistas y fracasadas estrategias de acumulación de fuerzas. Se trata de la construcción nacional del acuerdo y desde el acuerdo. Esto exige a todos, responsabilidad y altura de miras, alejarse de bloqueos y vetos, y asumir que corresponde a la ciudadanía determinar y sancionar la legitimidad del proceso.
No peco de ingenuidad. A la luz de lo acontecido en España, ni siquiera el hecho de que un eventual gran acuerdo se sustente en una amplia mayoría es garantía de que prospere en el ámbito del pacto con el Estado. Pero, preservada la cohesión de la sociedad vasca, a la larga terminará por materializarse, indefectiblemente, un acuerdo que sea expresión de la voluntad ciudadana.
2.5. Posicionamientos ante un nuevo Acuerdo
El debate sobre un nuevo acuerdo para un nuevo estatus de relación Euskadi-España está servido. Nadie podrá quedarse al margen del mismo. De entrada, en grandes trazos, los posicionamientos políticos en Euskadi básicamente se han expresado en cuatro direcciones: unos apuestan claramente por una involución constitucional y del Estado autonómico, reclamando la devolución de determinadas competencias al Estado y optando por dinámicas recentralizadoras que, vía decreto-ley y legislación básica, erosionan los marcos competenciales autonómicos; otros hablan de independencia, pero se desconocen aspectos esenciales sobre el cómo y sobre el sujeto de decisión; otros hablan de autogobierno a secas (eludiendo cualquier debate sobre un sistema de garantías), y de un sistema federal no asimétrico; otros hablan de institucionalizar el derecho a decidir y de profundizar en el autogobierno por la vía del Concierto hacia mayores cotas de soberanía fiscal y competencial general, a través de un acuerdo amplio e incluyente en Euskadi, acompañadopor un acuerdo con el Estado y el refrendo de la ciudadanía vasca.
No se corresponde con la realidad el reduccionismo que imagina el panorama político vasco dividido en dos bloques supuestamente monolíticos en lo que a la cuestión nacional se refiere: los nacionalistas vascos y los constitucionalistas. Ya en el debate que en 1990 se llevó a cabo en el Parlamento Vasco sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco, quedaron patentes las diferencias que, más allá del muro insalvable de la violencia, había entre la izquierda abertzale y el nacionalismo institucional con relación no solo al qué, sino también al cómo, diferencias que, a día de hoy, parecen persistir en lo fundamental.
Posiblemente, para la izquierda abertzale la dicotomía siga siendo autonomía vs independencia. En mi opinión, la oposición consiste en reconocimiento de Euskadi como realidad nacional vs estado uninacional, en la perspectiva de ir superando la verdadera dicotomía, que no es otra que subordinación vs interdependencia.
Tal y como señalara acertadamente Xavier Rubert de Ventós, “la única in-dependencia plausible de un país dentro de este mundo impreciso y vago es su inter-dependencia, es decir, su entrada sin otras hipotecas en el mercado de las fuerzas políticas y económicas que lo rigen. Esta “independencia interdependiente” no tiene la fuerza mítica, mística, hiperbólica y poética de la Soberanía tradicional”.
Manuel de Irujo lo dijo unas décadas antes con absoluta claridad: “La soberanía absoluta, que pudo concebirse hasta que advino la Edad Contemporánea no existe, ni puede realizarse en la actualidad. La soberanía absoluta de una nación es inconcebible en el mundo actual y lo será más en el futuro. La sociedad humana se ha truncado en coexistencia de soberanías, no quiero aduanas en Hendaya, tampoco las quiero en el Ebro (aspiro a) un régimen de interdependencia”.
Algo de esto querría significar probablemente Iñigo Urkullu cuando en la reciente campaña electoral abogaba por “ser independiente del siglo XXI, no del siglo XIX”, y abogaba por “avanzar en el autogobierno desde una bilateralidad efectiva y soberanía compartida para lograr más bienestar, desde el trabajo de cada día, para ser cada vez menos dependiente”.
Sin perjuicio de la legitimidad que asiste a una propuesta de “independencia para mañana” planteada en términos democráticos, se trata de analizar su grado de idoneidad tanto desde el punto de vista de la cohesión social como del objetivo de la construcción nacional, dada la realidad política e identitaria de este país. Pretender articular hoy y en el medio plazo una estrategia agitando la bandera de la independencia, previsiblemente ahondaría más aún en la distancia entre Navarra y la CAV, por no hablar de Iparralde.
Por otra parte, ninguna propuesta democrática se puede articular al margen del reconocimiento de la CAV, Navarra e Iparralde como sujetos políticos a los que corresponde decidir sobre su articulación territorial y nacional. La unidad territorial es una aspiración absolutamente legítima, a favor de la cual podemos y debemos seguir trabajando los nacionalistas, pero no es un derecho que pueda ser impuesto por encima de la voluntad de la ciudadanía de los tres ámbitos jurídico-políticos. El ethnos no puede situarse por encima del demos.
Para un nacionalista es obligado preguntarse si la proclama independentista es hoy, en la actual sociedad y sus especificidades, un elemento de suma y aglutinante de amplias mayorías para la construcción nacional y la cohesión social, o si, por el contrario, debilita la posibilidad de ser más nación cada día. Es la eterna dicotomía entre la estrategia gradualista y la rupturista, que ya se evidenció en el Parlamento Vasco en 1989.
Desde el punto de vista del interés de la cohesión social y de la fortaleza del proceso de construcción nacional, es importante tener en cuenta la pluralidad socio-política del país. Para ello, les invito a fijar la atención en dos datos: uno relativo a la adscripción nacional y otro referido al comportamiento electoral de los vascos. El Euskobarómetro y el Sociómetro Vasco vienen ofreciendo año tras año resultados similares, sin grandes variaciones en las dos últimas décadas, sobre el sentimiento identitario nacional de los vascos. Según el Barómetro de mayo de 2012, se siente:
Únicamente español, el 7%.
Más español que vasco, el 6%.
Tanto vasco como español, el 33%.
Más vasco que español, el 21%.
Únicamente vasco, el 31%.
Como es conocido, en las elecciones autonómicas de octubre el 60% de los votos emitidos lo fueron a favor de opciones nacionalistas (64% de los escaños). Sin embargo, en relación al censo electoral, fue el 37% de los ciudadanos el que votó a opciones nacionalistas, el 25% lo hizo a opciones constitucionalistas y el 38% se abstuvo. Y estas cifras, tal y como ha publicado recientemente Juan Ignacio Pérez Iglesias en una serie concatenada de artículos periodísticos, son muy similares al promedio de todas las elecciones autonómicas: 37% (nacionalistas), 28% (constitucionalistas), 35% (abstencionistas).
Son datos que aportan alguna luz sobre la compleja realidad identitaria de nuestro país. Desde la responsabilidad y la coherencia con las aspiraciones de autogobierno expresadas en las urnas, no cabe, desde mi punto de vista, jugar al bloqueo y al veto, ni cabe seguir insistiendo en algo en lo que no se vea reconocida la mayoría sociológica del país, tal y como vienen haciendo las opciones constitucionalistas. No es posible seguir anclados en el mantenimiento del actual status quo autonómico, no al menos en nombre de la voluntad ciudadana.
Tampoco sería suficiente un acuerdo simplemente mayoritario. Lo que se precisa es un acuerdo integrador capaz de aunar una pluralidad de voluntades y de superar los antagonismos políticos por la vía del consenso. Lo contrario podría ser un fracaso colectivo. No sería bueno emular al Estado en el no reconocimiento de la pluralidad interna. La construcción de la nación vasca es tarea del conjunto de la ciudadanía vasca, no solo de los nacionalistas, porque Euskadi es y debe ser nación de ciudadanas y ciudadanos, sea cual sea la adscripción identitaria individual. En esa capacidad de integración y suma radica la fortaleza de la nación vasca.
Un acuerdo integrador obligará a todos a determinadas renuncias. Eso en sí mismo nada tiene que ver con la claudicación. La política es también el ámbito de la transacción y del acuerdo. No hay convivencia posible sin disposición a favor de limitar las propias aspiraciones, pero tampoco hay convivencia posible sin que las actitudes de todos sean recíprocas y equivalentes. En ese sentido, la vía más eficaz es del tenor de las que ya se han planteado a lo largo de estos años en Euskadi. Basta recordar “el derecho a decidir y obligación de pactar” de la Mesa de Egino o “no imponer – no impedir” que propuso el PNV. En sentido contrario, las estrategias de acumulación de fuerzas siempre han terminado siendo contraproducentes para todos.
Pienso que el cauce central que podría acoger a la inmensa mayoría de la sociedad vasca se encuentra en la profundización y desarrollo del autogobierno. Es ahí donde se puede articular un nuevo punto de encuentro suficientemente amplio y cualitativamente representativo de la pluralidad social y política de Euskadi. No en vano el autogobierno –aunque en origen sea una reivindicación del nacionalismo y por más que siga siendo el principal estandarte de esta ideología porque suyo es hasta el presente el mayor compromiso efectivo– ha sido gestionado al servicio de la pluralidad de intereses y sentimientos de pertenencia identitarios de la sociedad, en general, y de manera abierta, integradora y eficaz. Tal vez por eso, el autogobierno que poseemos es percibido como una herramienta fundamental para mejorar el bienestar de todos los ciudadanos, por lo que la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca reconoce al autogobierno un plus o valor añadido que nos permite enfrentarnos a los diferentes problemas sociales más y mejor que otros de nuestro entorno. El principio de “a más y más seguro autogobierno, más bienestar y cohesión social” es el más sólido eje de la transversalidad social e identitaria de nuestro país.
Hay camino recorrido. Basta recordar el proceso de lo que se denominó Acuerdo de Loiola. El documento de bases que llegaron a compartir PNV, izquierda abertzale y PSE-EE podría constituir un sólido punto de partida para ese acuerdo incluyente y transversal. Si entonces fue posible –quedó truncado por la subordinación de la izquierda abertzale a ETA–, no tiene por qué no serlo hoy.
Al PNV le corresponde, tras los resultados de las elecciones, liderar ese proceso para un nuevo acuerdo, y ya ha adelantado las bases del mismo:
– Actualización de los derechos históricos (conviene recordar que la no renuncia a la actualización de los derechos históricos forma parte del bloque de constitucionalidad español, a través del Estatuto y de la propia Constitución). Dicha actualización guarda relación directa con la institucionalización del derecho de decidir.
– Reconocimiento inequívoco de la plurinacionalidad del Estado español.
– Reconocimiento de un autogobierno asimétrico y profundización del mismo, a través básicamente de la ampliación de la capacidad del Concierto Económico y de la aplicación de ese mismo sistema al conjunto de las competencias.
– Apuesta por el pacto, tanto interno como con el Estado, frente a la unilateralidad. Derecho de decisión sujeto a pacto.
– Marco de convivencia entre Euskadi y España a través del diálogo, la negociación, el pacto, la bilateralidad y un sistema de garantías en clave de soberanía compartida.
– Voz y espacio propio en las instituciones europeas.
– Colaboración institucionalizada entre los tres territorios de la nación vasca, algo que ya preveía el propio Pacto de Ajuria-enea de 1988 (“la intensificación de esa relación con Navarra y la creación de instrumentos que respondan a nuestras afinidades e intereses comunes”).
España tiene un serio problema, que corre peligro de acrecentarse si no se encauza adecuadamente. El modelo de Estado que construyó básicamente para dar respuesta a las demandas de Euskadi y Cataluña ha fracasado en estas dos naciones, y tampoco satisface a las otras comunidades autónomas. El modelo ha quebrado entre otras razones porque se han mezclado dos elementos muy diferentes entre sí: las naciones y las regiones. A las demandas nacionalistas se les responde con el principio de la diferencia, y a las demandas regionalistas, con el principio de la simple descentralización requerida por la eficiencia. El modelo que al final se ha impuesto, por impulso unilateral del Estado, ha sido este último, cercenando así la bilateralidad imprescindible para garantizar la diferencia.
Transitar ahora hacia una recentralización general erosionando los autogobiernos vasco y catalán sería una huída hacia adelante de consecuencias negativas para la convivencia. La solución pasa por reconocer y aceptar la diferencia, reconocer efectivamente España como estado plurinacional. La diferencia nada tiene que ver con supuestos privilegios. Respetar la diferencia y renunciar a la uniformidad impuesta es un requisito de libertad y democracia. Cuanto más tarde España en reconocerlo, peor será para todos.
En definitiva, son dos los principios generales a preservar: por una parte, garantizar la “diferencia” (la manera propia y diferente de estar en el Estado),y, por otra, articular el sistema de relaciones a través del pacto y la cooperación. En otras palabras: pacto con bilateralidad efectiva, con garantías reales de cumplimiento de lo pactado, un sistema en el que no quepa la unilateralidad y se imponga la obligación de pactar. Sólo así se puede gestionar la complejidad del Estado plural respetando efectivamente la diferencia.
2.6. Una mirada a Escocia
Somos muy proclives a buscar modelos fuera de nosotros mismos. Ahora, por ejemplo, toca hablar de Escocia. Es evidente que cada nación debe hacer su propio camino, no sea que incurramos en la paradoja de olvidar que cada país es diferente justo cuando estamos invocando casi-casi hasta la extenuación el derecho a la diferencia. Pero vale la pena mirar a Escocia y Reino Unido (o a Quebec y Canadá) para observar cómo problemas que aquí, en esta democracia joven aún, parecen irresolubles y se presentan como preludio de un cataclismo, en países de larga tradición democrática son solucionados respetuosamente. En ese sentido, valdría la pena que España se mirase en el espejo del Reino Unido. Y merecería la pena que Euskadi, los vascos, mirásemos a Escocia entre otras cosas para aprender a valorar lo que tenemos sin buscar mimetismos no necesariamente más productivos. Me explico.
En los textos constitucionales del Reino Unido o en la Constitución canadiense no se recoge el derecho de decidir de Escocia o Quebec. Pero la voluntad política profundamente democrática de los respectivos Estados ha hecho posible que el “principio de legalidad” y el “principio democrático de realidad” circulen por el mismo carril, adaptando aquel a este.
No hay democracia sin legalidad, y la voluntad popular –bien directamente, bien a través de sus representantes– no puede materializarse en contra de la ley. Pero la ley no puede ser un dique de contención de la voluntad popular, no al menos sin erosionar gravemente la democracia. Canadá, en su día, con relación a Quebec, y el Reino Unido, ahora, con relación a Escocia, han hecho confluir los dos principios citados de legalidad y realidad, y se han servido de la ley para dar cauce a la voluntad ciudadana de dos naciones que, insisto, no tienen reconocido el derecho de decidir ni el derecho de secesión. En el Reino Unido nunca se ha discutido si Escocia, Gales e Inglaterra son o no naciones diferenciadas; nunca se ha discutido que el Reino Unido sea un Estado plurinacional. En España se sigue negando el reconocimiento de nación a Cataluña y Euskadi, a todo lo que no sea nación española. Parece claro, sin embargo, que la fortaleza del Estado-Nación España no es superior a la del Estado plurinacional Reino Unido.
Y el reconocimiento nacional de Escocia, Gales e Inglaterra no pone en cuestión el carácter de Unión del Reino Unido. A este respecto me parece muy oportuna la diferenciación entre los términos “unidad” y “unión” que formuló el analista Xabier Gurrutxaga recientemente en un artículo de prensa. Ciertamente, no es lo mismo unidad que unión. El proceso de unificación que da lugar a una nueva “unidad” hace que las partes que han constituido la nueva unidad dejen de existir: a partir de la fusión solo existe la unidad resultante de la misma. Sin embargo, en una unión las partes que la componen no por ello se desintegran, sino que se unen en torno a un proyecto común de convivencia. El modelo de relación que se pretende entre Euskadi y España es el de la unión de las naciones, y no el de la unidad nacional. Gurrutxaga utiliza a modo de símil el ejemplo de las uniones matrimoniales: “según el Código Civil –señala el analista–, la unión matrimonial solo es entendible si al mismo tiempo se contempla el derecho a deshacer la unión, a través de la separación o el divorcio. Ningún cónyuge aborda su compromiso de unión matrimonial renunciando al derecho al divorcio, aunque no entre en sus cálculos el divorciarse”. Para que la unión sea libre, tiene que existir el derecho al divorcio, con las condiciones que sean precisas; lo contrario es una absoluta limitación de la libertad, produciéndose una subordinación de hecho.
La convivencia, la no ruptura, es la mejor garantía de la pluralidad. Pero la convivencia, como la identidad nacional, no puede ser impuesta. En nombre de la pluralidad no se puede negar la posibilidad de materialización del divorcio. Quienes eventualmente desearan plantearse la posibilidad de separación deben disponer de la posibilidad legal de materializar su aspiración, lógicamente en determinadas condiciones que deben ser pactadas (una metodología, una determinada mayoría cualificada, etc.), pero si es legítimo defender el divorcio, legítima debe ser la posibilidad de materializarlo.
Es evidente que España se considera a sí mismo una unidad en la que han desaparecido las partes. Pero España podría ser una unión de las partes. Probablemente un Estado con varias naciones reconocidas en su seno con todas las consecuencias sería la fórmula de mayor aceptación. Algo parecido a esto tiene que ser la soberanía compartida.
Por otra parte, vale la pena que los vascos observemos con atención al nacionalismo escocés. La consulta que se va a celebrar constará finalmente, tras el acuerdo entre Londres y Edimburgo, de una sola pregunta. Pero no era ese el deseo del SNP. El SNP pretendía, y lo ha intentado hasta el último momento, incluir, junto a la pregunta dicotómica sobre la independencia, otras dos preguntas: una favorable al mantenimiento del status quo, y otra favorable a un sistema que concedería a Escocia una soberanía fiscal muy similar a la de nuestro Concierto Económico, el cual es señalado explícitamente como el modelo de referencia por el SNP. En los meses previos al cierre del acuerdo con Cameron, Salmond no ha ocultado que la que se conoce como “devo-max” era, además, una opción muy deseada por él y curiosamente rechazada por Londres, una baza –la de la profundización del autogobierno en materia fiscal con la referencia de Euskadi– que Salmond no ha conseguido introducir en la consulta.
Incluso por razones puramente pragmáticas, estaría bien que los vascos acertáramos a valorar el autogobierno de que disponemos para tener en cuenta nuestro punto de partida a la hora de profundizar en nuestro autogobierno, sin dejarnos seducir por cantos de sirena. El Concierto, un verdadero título de soberanía, no es baladí. Como tampoco es baladí que nuestro hecho diferencial esté recogido en la Constitución, a través de la figura de los derechos históricos. Ese reconocimiento es único y singular en España, por lo que podría ser un elemento de gran potencialidad para labrar un camino propio.
Y por último, otra lección del acuerdo de Edimburgo: la vía del pacto es la más eficaz para el ejercicio del derecho a decidir.
Claro que es un camino difícil, no soy ingenuo. Pero la clave es el acuerdo interno, su fortaleza, que es directamente proporcional a su naturaleza integradora y abierta. En una sociedad democrática del siglo XXI, ni el ordenamiento jurídico ni la cicatería política de los poderes del Estado pueden condenar sine die la voluntad ciudadana a la alegalidad. Indefectiblemente se tienen que acompasar los principios de legalidad y realidad. El avance cualitativo del sistema de autogobierno dependerá de que hagamos bien las cosas “en casa”, es decir, de que el nuevo acuerdo sea fruto de un gran consenso de la sociedad vasca.
Gentza, 3 diciembre 2012
Patxi Baztarrika
