Más euskera es más libertad

El lehendakari López ha abogado por una “relectura de la Ley del Euskera” al cumplirse treinta años de su aprobación. No está mal, pero a la vista del discurso ralentizador sobre política lingüística mantenido por este Gobierno, es de todo punto imprescindible conocer el cómo, el porqué y el para qué de dicha relectura. Sobre todo tras haber escuchado proclamas maniqueas como “euskera en libertad” o “acabaremos con la discriminación e imposición del euskera llevadas a cabo por los Gobiernos anteriores”, y haber contrapuesto de forma absurda el conocimiento de las dos lenguas oficiales con la profesionalidad y calidad del servicio público.

Sin duda alguna, toda política pública, también la lingüística, debe respetar la libertad. ¿Acaso la política lingüística de estas tres décadas en la CAV –más allá de luces y sombras, que de todo ha habido- ha atentado contra la libertad y la voluntad de la ciudadanía? ¿Alguien cree honestamente que el avance del euskera en la CAV habría sido posible sin la adhesión de la ciudadanía, sin una política lingüística proactiva y sin un amplio consenso social y político del que algunos parecen querer renegar por mero interés partidista? ¿Acaso el incremento constante de la enseñanza en euskera –incremento mantenido con este Gobierno, se supone que sin imposiciones– no ha sido fruto de una actitud tan libre como ejemplar, nunca suficientemente reconocida, de miles de padres y madres erdaldunes? ¿O es que el modelo de libertad lingüística a imitar es la política lingüística de Navarra o Iparralde?

Hoy y aquí, mientras por fortuna no hay dificultades para vivir en castellano, estas persisten –y llegan en ocasiones a la imposibilidad– para utilizar el euskera y garantizar a la persona bilingüe su derecho a elegir la lengua, cuando esta es el euskera. Tras 30 años de avance sostenido del bilingüismo, resulta frustrante escuchar a algún alto cargo del Gobierno que los erdaldunes sufren discriminación porque, tal y como prevé la ley y exige el propio Tribunal Constitucional, se valora el conocimiento del euskera como mérito, o según los casos como requisito, para el acceso a la Administración pública. Es un dislate contraponer la imprescindible persuasión y adhesión voluntaria de la ciudadanía hacia el euskera a la necesaria regulación legal de su uso en el ámbito público o a la adopción de medidas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos lingüísticos o al fomento de su uso social, porque las lenguas ni se implantan ni se desvitalizan de manera natural y solo según la voluntad individual. Es un error confundir el imprescindible criterio de progresividad –que tanto incomoda a los maximalistas presurosos- con la ralentización o la inacción de laissez faire-laissez passer que tanto agrada a los minimalistas despaciosos.

Este Gobierno ha efectuado una relectura restrictiva de la Ley del Euskera sin “consenso entre diferentes”, constreñido  a la entente PSE-PP-UPyD, tanto en el mensaje político central, como en determinadas políticas, por ejemplo, las relativas a los ámbitos de los consumidores, Osakidetza, Justicia o concesión de licencias de  televisiones locales y radios. Claro que es necesaria -y posible- una relectura de la Ley, pero debería realizarse sobre la base de un amplio consenso social y político. Bastaría, para ello, con atender a (todos) los criterios y principios de Euskara 21, a las recomendaciones del Consejo de Europa en sus informes de evaluación de la Carta Europea de las Lenguas, así como a las reiteradas recomendaciones del Ararteko en sus informes anuales. Pero se ha hecho lo contrario: cuando la Comisión de Expertos del Consejo de Europa reclamaba un desarrollo de la Ley del Estatuto de los consumidores en materia de derechos lingüísticos, el Gobierno la ha modificado a la baja; cuando el organismo europeo y el Ararteko señalaban importantes déficits en Justicia, Interior y Sanidad a la hora de garantizar el uso del euskera como lengua de elección de los usuarios y reclamaban intervención efectiva del Gobierno, este ha considerado que “se ha ido demasiado rápido en Osakidetza” y ha actuado en consecuencia.

Se establece un debate de fondo entre un bilingüismo igualitario y otro no igualitario. La convivencia entre el euskera y el castellano, nunca debiera descansar sobre el hegemonismo excluyente de una de ellas, sino sobre la igualdad efectiva de oportunidades de uso y de estatus de ambas. Hace 30 años, esta sociedad optó por iniciar, mediante la Ley del Euskera, sinónimo de bilingüismo igualitario, el tránsito del monolingüismo –que no es un derecho, sino una limitación– hacia el bilingüismo, con un horizonte libre de confrontación entre comunidades lingüísticas y en el que sea posible ejercer plenamente la libertad de opción lingüística.

Hoy la sociedad vasca es más bilingüe que hace 30 años, pero persisten y seguirán persistiendo desequilibrios a cuya corrección se debe contribuir desde la política. Bienvenida sea cualquier relectura si sirve para responder con eficacia al principal reto: conseguir que el crecimiento sostenido experimentado por el euskera en estos 25 años se transforme en crecimiento sostenible para las próximas décadas. Para ello el euskera necesita hablantes y usuarios –no salvadores ni libertadores–. La sostenibilidad requiere que los erdaldunes den pasos hacia el euskera y que los bilingües lo utilicen –he ahí el papel de la persuasión, la voluntad y la adhesión–, y que los poderes públicos contribuyan a prestigiarlo promoviendo su uso en todos los ámbitos –formales e informales– y garantizando efectivamente su uso fuera de la sala de estar de nuestras casas. Esa es la vía para avanzar hacia una mayor libertad lingüística efectiva y, por tanto, hacia una convivencia más igualitaria y mejor.