Es la hora de la unilateralidad. Siempre lo ha sido, dada la sinrazón de la violencia practicada, justificada o tolerada por motivos políticos, pero lo es especialmente ahora, tras la sentencia de la Audiencia Nacional. Y lo es para ETA, pero también para la izquierda abertzale tradicional y para Bildu.
Hemos escuchado diferentes valoraciones sobre la inaudita sentencia. Algunos, para alabar una sentencia que califican de exclusivamente jurídica, han recurrido al manido argumento del respeto debido a las sentencias judiciales, como si su obligado acatamiento fuera incompatible con la crítica razonada de las mismas o como si tal crítica supusiera identificarse con los postulados de la parte condenada. No sé qué dirían si, tras el previsible recurso, el Tribunal Supremo revocara la citada sentencia. Otros, los más, se han desmarcado: despropósito, dislate, paso atrás, absurdo político-judicial… son algunas de las calificaciones que hemos escuchado en boca de diversos portavoces políticos de Euskadi.
Yo también considero injusto fundamentar una sentencia en indicios, suposiciones, corta-pegas, convicciones e inferencias construidas sobre todo lo anterior y convertidas de facto en pruebas irrefutables. Pienso, asimismo, que es inaceptable limitar –hasta cercenarlos nada menos que por la vía penal– los derechos de reunión y asociación, cuando tales derechos son un pilar esencial de la pluralidad inherente a la democracia. Pienso que el “todo es ETA” –principal inspirador de esta sentencia– es un argumento exclusivamente político y en absoluto jurídico, por lo que no debería ser válido para fundamentar una resolución judicial. Pienso, por último, que las leyes son objeto de interpretación en su aplicación, y esta no debe obviar la realidad social. De ahí que corresponda a los jueces administrar con responsabilidad y sin prejuicios los criterios de razonabilidad, flexibilidad y proporcionalidad –no solo el de firmeza-, teniendo presente también la realidad social. La plural sociedad vasca percibe que el camino iniciado con Bateragune es el que –ciertamente con mucho retraso– llevaría a la izquierda abertzale tradicional a una estrategia incompatible con el terrorismo. Lamentablemente, la Audiencia Nacional ha optado por dar la espalda a dicha realidad social, colándose, además, de rondón en el proceso electoral del 20-N, donde parece resuelta a contribuir activa y eficientemente a una buena cosecha electoral de Bildu (+ Aralar).
Pero, y ahora ¿qué? La rancia pero vigorosa Audiencia Nacional ha incurrido, ciertamente, en un clamoroso desatino, pero tal desatino no aporta ni un ápice de razón para que otros se demoren en el cumplimiento incondicionado y unilateral de sus obligaciones con la sociedad vasca: el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA; y, en tanto no se produzca ese anuncio, la exigencia explícita de la izquierda abertzale tradicional y Bildu dirigida a ETA para que esta se comprometa a finiquitar su violencia. El respeto a los derechos individuales, a los derechos humanos y a los derechos fundamentales debe ser incondicional e incondicionado. Por eso mismo, pase lo que pase con la doctrina Parot, se legalice o no Sortu –o lo legalicen ahora o lo dejen para más tarde–, digan lo que digan la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, sea cual sea el vigor de ETA, esté o no ETA agujereada por las policías francesa y española como un queso emmenthal…, el cese definitivo de la violencia es una deuda de ETA con la sociedad vasca.
La unilateralidad es un imperativo ético-político que obliga a quien explícita o implícitamente supone una amenaza a retirarla sin condiciones. Si la apuesta por las vías políticas no es producto de la presión policial y judicial o del cansancio del propio mundo que sustentaba la violencia, sino que, más allá de una apuesta táctica, responde a la convicción de que los problemas políticos y sociales deben resolverse solamente por la vía del diálogo, la negociación, el juego de mayorías y minorías y desde el máximo respeto a la pluralidad, entonces solo cabe la unilateralidad.
Precisamente uno de los argumentos que conferían valor a la declaración de alto el fuego de ETA fue su carácter unilateral. Sin embargo, desde que Bildu irrumpiera con fuerza en el mapa electoral, han cobrado fuerza, en boca de portavoces de ese mundo, fórmulas de matiz claramente condicional: “si el Gobierno hiciera gestos con los presos, ETA daría pasos”, “si se legalizara Sortu y se derogara la doctrina Parot, podría llegar el comunicado de ETA”… Ahora mismo, tras la sentencia de la Audiencia Nacional, no cifro el peligro de marcha atrás que algunos pronostican en una hipotética vuelta a la lucha armada –tal eventualidad, como Otegi dijera en su día, sería suicida para la izquierda abertzale–, sino en una ralentización de los pasos que forzosamente tendrán que dar de manera unilateral. Y empiezan a oírse ya voces autorizadas que reclaman bilateralidad allí donde hasta ahora se hablaba de unilateralidad. Paradójicamente, el desbarre de la Audiencia Nacional lleva camino de convertirse en la “prueba del algodón” para la izquierda abertzale tradicional.
Ello no es óbice para que las instituciones del Estado, tanto el Gobierno como la Fiscalía y la Judicatura, no deban actuar también unilateralmente con sentido común y responsabilidad. La firmeza ante ETA y la defensa del Estado de Derecho no están reñidas con permitir la participación política normalizada de la izquierda abertzale tradicional, o con aplicar una política penitenciaria más flexible dentro de la legalidad. La idea “mientras exista ETA, todo es ETA”, tan arraigada en sectores políticos, mediáticos y judiciales de España, es una perversión que conduce al deleznable “todo vale”. Somos muchos los que estamos convencidos de que no es ese el principio apropiado para acabar definitiva, rápida y formalmente con la existencia y consiguiente amenaza latente de ETA.
