Derechos lingüísticos de los consumidores. Entrevista de Idoia Alonso en DEIA.

Patxi Baztarrika: “El Gobierno predica el consenso pero practica el disenso con el euskera”

IDOIA ALONSO
El martes, el presidente de Euskaltzaindia denunció en el Parlamento que el Gobierno le ha ‘puenteado’ en su reforma del Estatuto del Consumidor sobre el doble etiquetado en euskera y castellano. Por primera vez habla el artífice del decreto de los derechos lingüísticos del consumidor.

¿Qué opina de la reforma del Estatuto del Consumidor aprobada por PSE-EE, PP y UPyD?

Este proceso ha sido una suma de desatinos se mire por donde se mire. Ha sido un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas si lo que se pretende es garantizar el ejercicio real de los derechos lingüísticos también en el ámbito del consumo y propiciar el consenso en materia de política lingüística. Ha sido una suma de desatinos desde el punto de vista del contenido, del discurso y del procedimiento.

Empecemos por el fondo si quiere.

La reforma supone un claro retroceso de la normalización lingüística del euskera en la medida que se ha planteado un debate falso en términos de sanciones sí, sanciones no, cuando es un tema menor. El debate real no es otro que definir el alcance y el amparo real de los derechos lingüísticos de los consumidores para que esos derechos no tengan un reconocimiento meramente retórico.

Pero se ha vendido que la reforma del estatuto erradica la coacción que pesaba sobe las empresas que no rotulen o atiendan en euskera.

En el decreto de los derechos lingüísticos de las personas consumidoras (2008) que desarrolla el Estatuto del Consumidor de 2003 sigue el principio de no imponer, no impedir. Cuando se impide el uso del euskera en el comercio, lo que se está haciendo es imponer el uso del castellano. Se ha hecho el discurso de que el decreto supone la imposición del euskera a las empresas mediante sanciones de cifras astronómicas. Esto es absolutamente falso. No se trata de imponer el uso del euskera, pero tampoco dejar que se imponga el castellano, sino de no impedir el uso del euskera.

 Tras años de batalla política y mediática, no estaría mal recordar de su boca qué recoge el decreto que tantos ríos de tinta ha hecho correr.

El decreto trata de impedir que se impusiera exclusivamente el castellano para lo cual se pide que la información básica tanto oral como escrita se de en euskera y castellano.Además, se hace de forma progresiva porque tieneunalcance limitado.No se aplica a todo el comercio sino a las grandes superficies, a las empresas que prestan un servicio de carácter universal, es decir, medios de transporte, energía, agua y telecomunicaciones. Además, se ven afectados comercios de más de 400 m2 que se ubiquen en municipios con un porcentaje de bilingües por lo menos del 33% y en las capitales, o aquellas grandes empresas que tengan en plantilla de 15 trabajadores en atención al público o tengan una facturación mínima de 50 millones.

 ¿Esto qué representa en términos de mercado?

Atañe al 6,5% de las empresas vascas que acapara el35%de la cuota de mercado. Por tanto, el decreto es de aplicación limitada cuando el Estatuto del Consumidor de 2003 daba la posibilidad de que las medidas tuvieran un alcance mucho mayor.

 ¿Por qué optaron ustedes por limitar el número de comercios a los que afecta la norma?

Porque se quiso aplicar el principio de progresividad. Porque no se pueden producir cambios lingüísticos en la sociedad de la noche a la mañana, es imposible y más en una situación de desequilibrio lingüístico. Se trata de avanzar, de pedalear sin parar.

Vayamos al punto de fricción, el estatuto prevé sanciones por la vulneración de los derechos lingüísticos por parte de las empresas. ¿Cuántas multas se han impuesto?

Ninguna.

¿Por qué se ha reformado entonces?

La reforma del estatuto por la amenaza de las multas lingüísticaha sido la crónica de una tergiversación anunciada, de una falacia, porque se ha instrumentalizado el tema del euskera en el consumo en clave partidista por parte del PSE-EE con el objetivo de diferenciarse y desacreditar la política lingüística del Gobierno Ibarretxe. El decreto pivota sobre dos pilares, la obligación de garantizar la información en los dos idiomas oficiales y el fomento. Aquí se contemplaba el sello de compromiso lingüístico, y en cuatro años no ha tenido ningún desarrollo, y una línea de ayudas económicas de hasta 600.000 euros para que las grandes empresas puedan ir adaptando.Además, se daba un periodo de cuatro años a las empresas para cumplir con lo establecido en el decreto.

¿Las empresas siguen recibiendo esas ayudas?

En el 2010, en el primer presupuesto que elabora el nuevoGobierno desaparece esa partida.Por tanto, aquí se predica una cosa y se practica otra. Se predica que hay que fomentar, apoyar y colaborar y el Gobierno elimina las ayudas para el fomento. Se predica el consenso, pero se practica el disenso porque el procedimiento que se ha utilizado para la tramitación de la modificación de la ley ha sido un procedimiento legal, pero absolutamente inusual, atípico, extraño.

 ¿En qué sentido?

Porque el grupo parlamentario que sostiene el Gobierno es el que presenta el proyecto de ley para modificar el Estatuto del Consumidor en lugar del Gobierno. Si hubiera sido un proyecto de ley presentado por el Gobierno vasco se habría tenido que someter a la audiencia pública y a los organismos y asociaciones afectados por la cuestión. De esta forma se han evitado de un plumazo esa audiencia pública.

 ¿A quién se ha consultado entonces el cambio legislativo más importante de la legislatura en materia lingüística? Euskaltzaindia dice que a ellos no, precisamente.

Al Gobierno.

 Vaya, muy regular lo que se dice no es que sea.

A diferencia de lo que sucedió tanto en la ley del estatuto de 2003, como el decreto de 2008 que lo desarrolla, no se ha contrastado con nadie y no se ha dado oportunidad a los agentes afectados para que presentaran alegaciones. Esto no es un tema baladí porque en el año 2003, el estatuto se sometió a audiencia pública, y fue consultada una veintena de organismos como el Consejo Asesor del Euskera, las asociaciones de consumidores, patronales, sindicatos, cooperativas, Cámaras de Comercio o el Consejo Económico y Social. Y el decreto fue aprobado con la participación, nada menos, de 37 organismos representativos de los distintos sectores económicos, los otros que acabo de citar, así como la propia Euskaltzaindia conscientes de la importancia del consenso y la adhesión voluntaria. Y nadie se mostró en contra. La única posición en contra fue la del PSE-EE y PP.

 La verdad es con cada nuevo detalle de lo que ha pasado todo esto resulta más rocambolesco,máxime cuando el Gobierno de Patxi López predica el consenso.

El Gobierno no ha hecho ningún intento de alcanzar un consenso en el propio Parlamento con grupos políticos distintos a los que apoyan al Gobierno, sino que se ha reducido exclusivamente a sacarlo con la mayoría PSE-EE, PP y el apoyo de UPyD, que es quien está marcando la agenda y el tempo de la cuestión.

 ¿Me está diciendo que el PSE-EE se ha dejado comer la tostada por un partido tanminoritario y con un discurso en materia lingüística a la derecha del PP, como es el partido de Rosa Díez?

UPyD es quien ha marcado la agenda, porque al Gobierno y al PSE-EE se le ha ido la cuestión de las manos.

 Pues sea quien sea ha ganado la batalla del miedo

Ya pero sobre una mentira. El estatuto establece un régimen sancionador para el incumplimiento de todos los derechos reconocidos a los consumidores, entre ellos los derechos lingüísticos.Para que se apliquen las sanciones se debe de definir un tipo infractor concreto y el procedimiento para imponer la sanción. Y este procedimiento está sin definir en el decreto de 2008, porque para nosotros era secundario.

 ¿No desarrollaron ustedes el proceso sancionador a propósito, para no sancionar?

Efectivamente, hicimos una referencia al régimen sancionador del Estatuto del Consumidor. ¿Se puede aplicar el sistema sancionador tal y como está redactado en nuestro decreto? No.

 ¿Osea que no habíamultas de hasta 600.000 euros?

No, eso es mentira porque nosotros no desarrollamos el sistema para que eso se pudiera aplicar. Lo que pasa es que han querido hacer con esta cuestión un símbolo de carácter partidista, justo lo contrario de lo que debe regir la política lingüística, donde lo que se ha que buscar es la concordia y entodo caso huir de este tipo de afirmaciones a sabiendas de que no están diciendo la verdad.Aunque sin desarrollar, si estaba previsto incluir la sanciones para casos de incumplimiento grave y extremo.

¿En qué casos?
Se legisló para que los poderes públicos en algún momento, no en 2008, tuvieran instrumentos para enfrentarse en su caso a quienes adoptasen una actitud militante en contra de los derechos lingüísticos. Lo que se aprobó fue colaboración, apoyo económico, plazos de hasta cuatro años para poder cumplir con las obligaciones. ¿Sanciones? Para situaciones extremas y gente que activamente va en contra de los derechos. Parece que nos da vergüenza decir estas cosas, pero la cuestión es que el decreto de 2008 está aplaudido por el propio Consejo de Europa, es modélico en el ámbito de las políticas lingüísticas en el mundo privado.

¿Y a dónde nos conduce todo esto?
A que los derechos lingüísticos de la ciudadanía sean los paganos del famoso discurso de la imposición, de la supuesta imposición.

DEIA, 2012-03-23