En la anterior legislatura, a iniciativa e impulso del Gobierno Vasco y bajo la denominación “Euskera 21”, el Consejo Asesor del Euskera protagonizó el más amplio, intenso y plural debate sobre política lingüística desde la aprobación de la Ley del Euskera. El objetivo de aquel proceso era doble: renovar y fortalecer el imprescindible consenso social y político para la revitalización del uso del euskera, y determinar las bases para la política lingüística de principios del siglo XXI. Como colofón, el Consejo Asesor del Euskera aprobó por unanimidad, en febrero de 2009, el documento titulado “Hacia un pacto renovado”, cuya última frase recomienda proceder a “la revisión del Plan General de Promoción del Uso del Euskera (EBPN), a fin de pulir tan valioso instrumento y adaptarlo a los inicios del siglo XXI”. El pasado 18 de julio, el actual Consejo Asesor del Euskera aprobó el Plan de Acción para la Promoción del Euskera, conocido como ESEP (Euskara Sustatzeko Ekintza Plana), con el objetivo de cumplir el mandato efectuado hace ya más de tres años por el anterior Consejo. Posteriormente, el nuevo Plan ha sido aprobado por el Gobierno Vasco, que lo trasladará al Parlamento.
Se trata de un plan-marco sectorial que habrá de ser concretado –en actuaciones, plazos y objetivos–, así como dotado de los recursos necesarios, por los distintos agentes llamados a su implementación, tanto agentes institucionales (Gobierno, diputaciones, ayuntamientos y otras administraciones públicas), como sociales, económicos y culturales, entre los que cabe subrayar el papel, siempre decisivo, de los euskaltegis. Es un plan que pretende servir de guía para la planificación lingüística en los próximos diez años. En palabras de la viceconsejera de Política Lingüística, no sustituye al EBPN, sino que lo complementa.
No sería de extrañar, por previsible, que, tal y como sucede con frecuencia en el ámbito de la política lingüística, el ESEP sea diana de las más absolutas desautorizaciones y, al mismo tiempo, objeto de los más acríticos panegíricos. Sin embargo, hay razones evidentes para no incurrir ni en lo uno ni en lo otro.
Con arreglo a la metodología y procedimiento fijados por la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco, el Consejo Asesor, en concreto la comisión Euskera 21 creada al efecto, ha desarrollado un intenso y, sin duda, muy positivo trabajo en este año largo de andadura. Fruto del mismo es el plan aprobado, que merece ser saludado, porque supone un avance sin duda importante. Los miembros de la Comisión, en una dinámica impulsada por la Viceconsejería de Política Lingüística, han ejercido su capacidad de propuesta en una actitud de búsqueda permanente de consenso, lo cual debe ser subrayado en la medida en que la revitalización del consenso es uno de los más necesarios nutrientes de cualquier política lingüística. El total de las 340 acciones resultantes constituyen una eficaz guía al servicio de las diferentes administraciones para afrontar la necesaria planificación lingüística en los próximos años, según las correspondientes competencias y los diferentes entornos sociolingüísticos. El Plan marca, sin duda, un horizonte para la acción positiva.
El documento final del ESEP posee, sin embargo, claras y lamentables –por evitables– debilidades y carencias. Una debilidad es la relativa a la evaluación. Es deseable y necesaria la evaluación de las políticas lingüísticas, y así lo prevé el ESEP. Sin embargo, la evaluación requiere indicadores, objetivos y plazos, así como un sistema que integre la acción de las diferentes instancias implicadas. Las prisas coyunturales del Gobierno –nadie duda de la inminencia de la convocatoria de elecciones– han impedido al Consejo Asesor analizar y acordar los indicadores propuestos, así como debatir sobre el resto de las cuestiones nucleares de cualquier evaluación. He ahí una debilidad que necesariamente habrá de ser abordada y superada en el futuro inmediato en aras a garantizar la eficacia del plan.
El plan adolece, asimismo, de una carencia considerable: el diagnóstico sobre la situación y evolución social del euskera es particularmente insuficiente y raquítico, por incompleto y elusivo. Gracias a las encuestas y mapas sociolingüísticos quinquenales, así como a otros muchos estudios sectoriales, poseemos un sinfín de datos sobre la evolución de los usos lingüísticos en nuestra sociedad. Pero las cifras, imprescindibles, necesitan ser interpretadas y valoradas. Para seguir avanzando en la revitalización del uso de euskera, es necesario conocer el porqué de las cifras y de los cambios lingüísticos que se están produciendo –o no se están produciendo–, y es particularmente necesario compartir al máximo posible dicha interpretación. A falta del porqué, solo cabe un diagnóstico menguado, y un diagnóstico no suficientemente debatido ni compartido es siempre un diagnóstico insuficiente. En esas estamos con el ESEP.
Del mismo modo, un diagnóstico medianamente completo y suficiente de la situación y evolución del euskera no puede soslayar el debate sobre las políticas desarrolladas. Por ejemplo, ¿es acaso posible un diagnóstico adecuado sobre el estado de los derechos lingüísticos ignorando las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno con relación a los derechos lingüísticos de los consumidores? Lo mismo cabe decir de las políticas del Gobierno en Osakidetza o en Justicia, o en la preocupante marcha atrás respecto a la anterior legislatura llevada a cabo en la regulación de las licencias para radios y televisiones locales. El Gobierno ha evitado el debate sobre todo ello a la hora de formular el diagnóstico.
La práctica del consenso es incompatible con escurrir el bulto y rehuir el debate, y el tan necesario consenso sigue siendo asignatura pendiente del ESEP en cuanto al diagnóstico se refiere. ¡Ojalá se intente en el futuro subsanar esta deficiencia en beneficio de una mayor eficacia y solidez del ESEP!
(*) Patxi Baztarrika, Lorea Bilbao, Eneko Oregi son miembros del Consejo Asesor del Euskera
El Correo – Diario Vasco: 2012-07-30
ESEP: Euskararen diagnostikoari buruzko ekarpena/proposamena
