Después de que el 22 de mayo la ciudadanía dibujara el mapa político más simplificado pero más complejo jamás conocido, se diría que volvemos a las andadas. La crispación y el enfrentamiento vuelven a situarse en el centro de la política vasca, cuya principal característica hoy parece ser la incapacidad de tejer acuerdos.
A los socialistas les cuesta asumir el varapalo, y a los populares les contraría que, a contrapelo de su alza histórica en el Estado y de lo que hasta ahora venía sucediendo en Euskadi, esta vez no hayan sido capaces de beneficiarse del descenso socialista. A ambos les cuesta interiorizar que el pacto PSE-PP ha suspendido su primera reválida electoral (si se extrapolaran al Parlamento Vasco los resultados, bajarían de 38 a 26 escaños). Por difícil que sea asumir tales realidades, cabe exigirles que no enfanguen ni crispen la vida política, porque así sólo se construyen abismos que deberían ser ya cosa del pasado. Cuesta entender que el pacto PSE-PP, al evidenciarse insuficiente para las instituciones forales y municipales, haya pretendido la cuadratura del círculo: que el PNV se sumara al acuerdo que socialistas y populares formalizaron hace dos años precisamente con el objetivo de desalojarlo de Ajuria-enea a pesar de ser la primera fuerza. Y cuesta entender que, apenas diez días más tarde, acusen al partido jeltzale de todos los males imaginables precisamente porque el PNV se haya negado a oxigenar el pacto creado en su contra.
El partido de Urkullu, como anunció en campaña, ha decidido no jugar contra nadie y presentar y votar a sus propios candidatos. Una posición diferente a la del resto de los partidos, incluido Bildu, que reclama respeto a su primacía en Gipuzkoa pero no respeta la ajena en Araba ni en diferentes ayuntamientos de Bizkaia y Gipuzkoa. El PNV ha aplicado el criterio de su ejecutiva nacional, con la salvedad de Lasarte-Oria, donde, debido a conocidas razones de política local, se ha incumplido el compromiso adquirido por el PNV ante la ciudadanía, razón por la cual trasciende al ámbito interno del partido y pasa a formar parte de su “debe”, y, paradójicamente, tampoco lo ha aprovechado para atenuar su revés en Gipuzkoa.
PSE y PP denuncian la existencia de un pacto clandestino entre PNV y Bildu en contra del PSE, pero difícilmente cabe hablar de tal pacto cuando Bildu –con el apoyo de Aralar, alguna plataforma local y el propio PSE– ha “arrebatado” al PNV al menos cuatro alcaldías en municipios donde este es la primera fuerza, y lo ha intentado en más sitios. PSE y PP atribuyen al PNV, además, la responsabilidad de la inestabilidad institucional y haber apostado por la acumulación de fuerzas nacionalistas, a pesar de que el PNV ha manifestado con claridad que no cabe acuerdo estratégico alguno con Bildu mientras no exija a ETA el cese definitivo de la violencia, esto es, su desaparición. Curiosamente, el PSE ha permitido alcaldías de Bildu en municipios donde pudo haberlas impedido –Beasain, Lemoa, Sopela y Laudio–. ¿Acaso ello justificaría hablar de un pacto tácito PSE-Bildu contra PNV? ¿No será que la propuesta dirigida por PSE-PP al PNV perseguía, además de frenar a Bildu, asegurar lo que la suma PSE-PP no les garantizaba? ¿Para qué siguen PSE y PP crispando y ahondando en el abismo? ¿No será mejor rebajar la temperatura? Creo que el nuevo tiempo exige también pacificar el lenguaje.
El PP, por su parte, anuncia mociones municipales con el doble objetivo de explicitar la condena de toda la historia de ETA, incluidas las acciones amnistiadas, y exigir a ETA el cese definitivo. A la izquierda abertzale representada en Bildu le corresponde ganarse la credibilidad de la que hoy adolece en lo que a la exigencia de punto final definitivo e incondicional de ETA se refiere, y es normal que el resto de los partidos así se lo requieran. En ese requerimiento no caben retrocesos. Pero una cosa es eso, y otra muy distinta es pretender que hoy y aquí condene la historia de ETA y su propio pasado. Eso hoy es un imposible, el PP lo sabe, y por eso mismo su iniciativa huele a un oportunismo que, tras la apariencia de máxima firmeza frente a la violencia, refleja una manera de hacer política en la que prima el interés partidista.
Es posible, ojalá no suceda, que la izquierda abertzale tradicional, a la vista de sus buenos resultados electorales y altas cuotas de poder municipal, caiga en la tentación de posponer la aludida exigencia inequívoca a ETA. Creo que se equivocarían, porque, además de dar la espalda a la inmensa mayoría de la sociedad, supondría una frustración y fraude para muchos de quienes les han votado en mi opinión precisamente porque han creído que “esta es la buena” para dar el paso a la política en exclusiva y acelerar el fin definitivo de ETA.
Desgraciadamente, no es nada esperanzador oír que se anuncia la cuestión de los presos como prioridad de la política municipal en los ayuntamientos gobernados por Bildu, y comprobar que en el mismo anuncio son clamorosamente olvidadas las víctimas del terrorismo. Obviamente, en el marco de una política global de reconciliación y reparación de daños y sufrimientos se deberá hablar, ante todo, de las víctimas, y también de política penitenciaria, cuanto antes mejor, pero siempre como fruto de un amplio acuerdo entre los representantes, si no de la totalidad, sí al menos de una rotunda mayoría ciudadana y política.
Asimismo, las expresiones de intolerancia vividas en Elorrio y en otros municipios en forma de amenazas e insultos constituyen la viva imagen de una regresión a lo más oscuro del pasado. A Bildu le corresponde acabar con esa intolerancia, y desautorizar públicamente y deslegitimar esas actitudes autoritarias y antidemocráticas. El nuevo tiempo se lo exige. No se entiende que en Lasarte u Orio celebren una victoria obtenida siendo segunda fuerza, y que allí donde por la misma regla quedan relegados descarguen su frustración en amenazas e insultos. Queda mucho por hacer, es evidente.