Los anunciados recortes del autogobierno confirman la amenaza de recentralización del Estado autonómico. Ante ello, el PNV ha solicitado al Parlamento que inste al Gobierno Vasco a adoptar medidas “en defensa de la integridad del autogobierno del Estatuto de Gernika y su profundización haciendo uso, en su caso, de las previsiones de reforma”, de la vía judicial y la bilateralidad del Concierto. El lehendakari López ha señalado que su Gobierno defenderá “con uñas y dientes la capacidad de autogobierno”, y su partido, en propuesta de menor alcance que la del PNV, ha solicitado instar al Gobierno Vasco a la defensa del autogobierno “sin descartar la vía judicial”. Ezker Anitza-IU ha propugnado la vía judicial. Ha habido un amplio acuerdo sobre estas tres propuestas. Obviamente la defensa del autogobierno debe formar parte del catálogo de las principales obligaciones del Gobierno Vasco, a quien corresponde liderar dicha defensa. Pero para ello es necesario que cuente con una estrategia eficaz capaz de concitar una amplia mayoría social y política, más allá de coyunturas electorales.
La sociedad vasca tiene una acreditada voluntad de autogobierno, y es esa voluntad la que legitima el autogobierno pactado y refrendado en su día. Cualquier merma unilateral del mismo constituye una embestida contra la fuente de legitimidad de todo sistema político democrático: la voluntad ciudadana. Así, aquí y ahora, defender en su integridad el actual autogobierno es un imperativo de calidad democrática.
Otro factor de calidad democrática es contar con un sistema bilateral que garantice el cumplimiento de lo pactado, dado que el autogobierno no es un privilegio o una concesión graciosa del Estado, sino un derecho y la expresión de un pacto –interno y entre Euskadi y España– refrendado por la sociedad vasca.
Por último, propiciar el bienestar de los ciudadanos y la cohesión social es también un imperativo de calidad democrática. Para los vascos, el autogobierno ha sido en estas décadas la palanca de salvación en lo económico y social. Gracias al autogobierno y a la gestión que del mismo han realizado los diferentes gobiernos e instituciones desde los años 80, y a los agentes socio-económicos, los vascos hemos creado un modelo productivo basado en la industria, la internacionalización, la tecnología, la formación de las personas y la competitividad de las empresas, con índices de crecimiento, empleo y renta de “tono europeo” muy por encima de la media española, así como un modelo social pionero en el Estado en la aplicación de políticas de solidaridad. Hemos generado en 30 años elevados recursos gracias a las altas tasas de crecimiento, y gracias al autogobierno los hemos utilizado en beneficio de un bienestar sostenible. El autogobierno ha sido una herramienta decisiva para nuestro bienestar, y nos será necesario para salir del actual atolladero y superar los retos del difícil futuro.
Sin embargo, cobra fuerza el argumento de la uniformización y centralización del Estado en nombre de una supuesta eficiencia, como si el despilfarro en la gestión de algunas autonomías fuera inherente al autogobierno, y no imputable a determinados modelos faraónicos de gestión. Parece que se pretende sustituir el inservible “café para todos”, ideado para difuminar y debilitar los hechos nacionales singulares, por la “achicoria para todos” que procura reducir estos a la mínima expresión. Para eso se echa mano de la legislación básica que cercena las competencias plenas que el autogobierno pactado nos atribuye en exclusiva, valiéndose incluso de la vía judicial, cuya imparcialidad en este ámbito está motivadamente cuestionada. Los poderes del Estado siguen interpretando unilateralmente el pacto que alumbró el autogobierno vasco, y ese déficit de fondo obedece, al menos, a tres cuestiones: una, el intento de minimizar la voluntad nacional diferenciada de Euskadi y Cataluña; otra, la escasa voluntad política de los sucesivos gobiernos de España para desarrollar el estatuto de Gernika en los términos y espíritu con que fue pactado; y, por último, la ausencia de instrumentos bilaterales que garanticen el cumplimiento del pacto.
La interpretación unilateral siempre restrictiva del Estatuto por parte del Estado supone anular la naturaleza paccionada de la norma institucional básica vasca y de la relación Euskadi-Estado. Por ello parece razonable pensar que una defensa eficaz, más que retórica, de la integridad del actual autogobierno conduce inevitablemente a una estrategia encaminada a hacer cumplirlo sin rebajas. Y es ahí donde adquiere especial relevancia la propuesta de un nuevo estatus político que realiza el partido de Urkullu, en la medida en que, partiendo de la capacidad de decisión de la sociedad vasca y de la libre voluntad de la ciudadanía –sin capacidad de decisión no hay capacidad de pacto–, aspira a establecer mecanismos bilaterales que garanticen tanto la formalización como el cumplimiento de un pacto actualizado de convivencia que supere los déficits del pasado y permita a Euskadi encontrar un lugar adecuado en sus relaciones con el Estado y con la Unión Europea. Sin mecanismos bilaterales que impidan utilizar como artimaña impositiva la legislación básica no es posible que Euskadi vea garantizado el cumplimiento de su autogobierno. El actual autogobierno carece de dichos mecanismos bilaterales, salvo en lo que se refiere al Concierto Económico –para el cual tampoco corren vientos favorables, tal y como se ha visto con motivo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o el olvido al que se viene condenando a la Comisión Mixta–. En suma, visto lo visto y dada la manifiesta voluntad política centralizadora, difícilmente cabe una estrategia eficaz de defensa del actual autogobierno sin buscar reformas que habiliten garantías bilaterales. Y nada tiene de quimérico, además, pretender edificar dicho sistema de garantías sobre la base de un nuevo gran acuerdo: antes bien, eso sería, además de legítimo, lo eficaz.
